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ARCELIO HERNANDEZ MUSSIONuevoSan José23/09/2020 10:08
PROYECTO DE LEY

MODIFICACIÓN AL ARTÍCULO 172 DEL CÓDIGO DE TRABAJO

Expediente N. ____________

Exposición de Motivos
El presente proyecto de ley tiene como fin hacer valer el derecho que tiene todo trabajador a que un porcentaje de su salario no sea objeto de ningún tipo de gravamen, en respeto al derecho a su dignidad y su propia subsistencia y la de su núcleo familiar. Actualmente, el artículo 172 del Código de Trabajo impone un límite al porcentaje del salario que se puede afectar por embargo, pero en la práctica, los juzgados de pensiones alimentarias no respetan esa limitación aduciendo que lo que hacen no es un embargo, sino una retención salarial.

Debido a lo anterior, se propone agregar una oración que ha de indicar que esa limitación incluye toda afectación al salario por concepto de retención salarial, la cual no podrá, en ningún caso, ser superior al cincuenta por ciento del salario del trabajador. Ello no obsta para que se pueda perseguir otros bienes en el patrimonio del deudor alimentario, pero respecto de su salario, hay compromisos del Estado costarricense para respetar su derecho a conservar un porcentaje, como lo dice la Convención OIT 95 sobre Protección del Salario, de 1949 (núm. 95), ratificado mediante Ley de la República número 2561 del 11 de mayo de 1960, cuando dispone que se debe salvaguardar un porcentaje del salario del trabajador “en la proporción que se considere necesaria para garantizar el mantenimiento del trabajador y de su familia.”

En el caso de Costa Rica, la legislación, específicamente el artículo 172 del Código de Trabajo, protege un cincuenta por ciento del salario del trabajador contra embargos, pero al no incluirse otros tipos de afectaciones salariales, esto ha dado lugar a que los juzgados de pensiones alimentarias no respeten límite alguno, de hecho hay casos en que se ordena retener la totalidad del salario, en violación de sus derechos y de los compromisos adquiridos por Costa Rica.

Es indudable que el derecho de recibir alimentos es un derecho fundamental. Así lo ha reconocido la jurisprudencia constitucional. No obstante, es también un derecho fundamental del demandado el poder conservar una parte de su salario para cubrir su propia subsistencia y la de su familia. Desde la constitución de la OIT, en 1919, esta organización ha promulgado una serie de principios generales que las legislaciones laborales de cada país deben cumplir, los cuales pueden adaptarse y diferir en cada caso, pero respetando los principios universales establecidos en los convenios internacionales. Estos principios promueven la paz social por medio del pago adecuado de ingresos.

La cantidad de personas directamente involucradas en procesos de fijación de cuotas alimentarias ha venido en aumento, actualmente hay más de doscientos mil expedientes.
 
Figura 1. Distribución de personas actoras y demandadas según sexo, según página oficial del Poder Judicial.


Detrás de cada uno de esos expedientes, hay una historia personal, familiar y social, que involucra a un número importante de la población nacional. El Estado tiene el deber de proteger a la familia, según el mandado constitucional del numeral 51 de la Constitución, y se trata de una materia muy sensible. La protección de las partes más vulnerables puede llevar, en algunas ocasiones, a invisibilizar la tragedia individual de aquellas personas que trabajan largas jornadas, pero ven casi la totalidad de su salario afectado por una cuota alimentaria que sobrepasa su capacidad, lo cual puede tener su origen en varios factores, entre ellos, el hecho de que en Costa Rica no todas las autoridades judiciales fundamentan las cuotas con datos objetivos.

Según el diario La Nación, en un artículo del 6 de junio de 2019, en Costa Rica hay 490.000 personas que ganan menos del salario mínimo.  Y en El Financiero, en un reportaje del 19 de abril de 2019, un 70% de los trabajadores costarricenses ganan menos de 450.000 colones al mes. Esta situación en la actualidad puede agravarse debido a la Emergencia Nacional decretada a raíz de la pandemia, pues es predecible que muchas personas verán sus jornadas laborales reducidas, con lo que sus ingresos también se verán disminuidos, lo que hace que este proyecto de ley atienda a una situación de urgencia y necesidad, con interés nacional.

Entre los objetivos que el Convenio OIT 95 para la protección del salario contempla, tenemos que  se trata de un instrumento que ha de servir para orientar la política de los Estados miembros, en temas como el salario y su protección ante afectaciones desproporcionadas, así tenemos que “el pago al empleado de un salario adecuado para mantener un razonable nivel de vida, tal y como ello se concibe en su tiempo y país” y medidas destinadas a garantizar a todas las personas una justa distribución de los frutos del progreso y un salario mínimo vital para todos los que tengan un empleo para proteger ese salario contra los “descuentos salariales, el embargo de los salarios o las garantías salariales, en caso de quiebra”.

Se considera necesario que la persona que trabaja reciba normalmente su salario en efectivo para que pueda disponer de él para su subsistencia, que se le pague regularmente y a intervalos lo suficientemente cortos para que pueda vivir de sus ingresos y no necesariamente sobre una base de crédito, “que se le proteja contra todo descuento injusto o arbitrario de sus ganancias nominales”.

Es para lograr los objetivos de paz y bienestar social, que se promulga el Convenio OIT 95. Este convenio establece, en su artículo 10, que “no puede embargarse o cederse sino en la forma y dentro de los límites fijados por la legislación o la reglamentación nacional”. Estipula también que el salario deberá estar protegido contra su embargo o cesión, en la proporción que se considere necesaria para garantizar el mantenimiento del trabajador y de su familia.

El hecho de que los juzgados de pensiones alimentarias no respeten el porcentaje que establece el artículo 172 del Código de Trabajo de un cincuenta porciento como límite para la afectación del salario neto de un trabajador, porque alegan una diferencia terminológica entre “embargo” y “retención salarial” pone de manifiesto la necesidad imperiosa de legislar al respecto, para evitar esa grosera violación al derecho a una vida digna del trabajador y a un porcentaje del salario, producto del trabajo. Esta legislación ha de servir para detener de manera definitiva la violación a los derechos fundamentales de quienes dependen de su salario para su subsistencia, al no dejar lugar para dudas de que la limitación del artículo 172 del Código de Trabajo incluye afectaciones por concepto de retención salarial, sin perjuicio de que se pueda perseguir cuentas bancarias, bienes muebles e inmuebles, y otros activos de su patrimonio, tal y como lo permite la actual legislación.

 
Figura 2. Monto promedio de las cuotas alimentarias en Costa Rica, según página oficial del Poder Judicial.

El fundamento de esta disposición es similar al relativo a los descuentos, es decir, debe existir una proporción del salario del trabajador que sea absolutamente esencial para su propio mantenimiento y el de su familia y debe ser, por esta razón, inmune al embargo o a la incautación.

El referido Convenio OIT 95 sobre la protección al salario, indica en su artículo décimo lo siguiente: 

Articulo 10
1. El salario no podrá embargarse o cederse sino en la forma y dentro de los límites fijados por la legislación nacional.
2. El salario deberá estar protegido contra su embargo o cesión en la proporción que se considere necesaria para garantizar el mantenimiento del trabajador y de su familia.

El Código de Trabajo costarricense, en atención a estos convenios internacionales, tiene un capítulo dedicado a la protección del salario, el “CAPÍTULO CUARTO. Del salario y de las medidas que lo protegen”.

Allí encontramos los siguientes artículos de interés:

ARTÍCULO 171.- El salario se pagará directamente al trabajador o a la persona de
su familia que él indique por escrito, una vez hechas las deducciones y retenciones
autorizadas por el presente Código y sus leyes conexas.

ARTÍCULO 172.- “[…] Sin embargo, todo salario será embargable hasta en un cincuenta por ciento como pensión alimenticia. Por salario se entenderá la suma líquida que corresponda a quien lo devengue una vez deducidas las cuotas obligatorias que le correspondan pagar por ley al trabajador. Para los efectos de este artículo las dietas se consideran salario. Aunque se tratare de causas diferentes, no podrá embargarse respecto a un mismo sueldo sino únicamente la parte que fuere embargable conforme a las presentes disposiciones.

Como se puede observar, el espíritu de esta norma es evitar la injusticia de quitarle a un trabajador un porcentaje de su salario que violente su dignidad y su propia subsistencia.

Existe un derecho fundamental a la propia subsistencia, siendo que los mismos valores que buscan proteger en las personas beneficiarias de una pensión de alimentos, cobijan también a los alimentantes. El derecho a la vida, a la salud y a un medioambiente sano y equilibrado, son derechos inherentes a todo ser humano. El artículo 173 inciso 1) del Código de Familia nos dice que no hay obligación de dar alimentos en la medida en que afecte este derecho a la propia subsistencia.

En el derecho comparado, tenemos que el Tribunal Supremo español se ha pronunciado en al menos dos ocasiones en tiempos recientes en relación con la fijación de la pensión de alimentos en el mínimo vital (de 150 a 200 euros). En la Sentencia de 12 de febrero de 2015 ese máximo órgano jurisdiccional sostuvo que “En casos de penuria económica del padre, lo normal será reducir la pensión a un mínimo que contribuya a cubrir los gastos más imprescindibles del menor, y sólo con carácter muy excepcional, con criterio restrictivo y temporal, podrá acordarse la suspensión de la obligación”. Ese caso en particular era un supuesto en el que se daban las siguientes circunstancias: el padre tenía cubiertas sus necesidades de vivienda y percibía subsidio por desempleo que, a pesar de escaso (426 euros) y gravado (por incumplir sus obligaciones alimenticias), no supone carencia total de ingresos.

No obstante, en el caso que se analizó poco tiempo después, en Sentencia de 2 de marzo de 2015 el demandado no recibía ningún tipo de ayuda pública ni tenía ingresos. El obligado alimentario presentó una solicitud para que se acordase la suspensión de la obligación hasta tanto percibiese algún tipo de ingresos. Esa solicitud fue desestimada por el Juzgado. Tras el recurso de apelación, la Sección Quinta de la AP de Cádiz dictó Sentencia el 16 de diciembre de 2013 en la cual se ordenó suspender temporalmente la pensión alimenticia hasta que el padre obtenga ingresos por un trabajo remunerado o sea beneficiario de algún tipo de pensión, subsidio o cualesquiera otras prestaciones, momento en el que volverá a reanudarse la pensión alimenticia establecida. La actora presentó un recurso de casación que fue desestimado por el Tribunal Supremo, el cual dispuso lo siguiente:

Ocurre así en este caso -carácter muy excepcional- en atención a los datos que valora la sentencia recurrida. El interés superior del menor se sustenta, entre otras cosas, en el derecho a ser alimentado y en la obligación de los titulares de la patria potestad de hacerlo “en todo caso”, conforme a las circunstancias económicas y necesidades de los hijos en cada momento, como dice el artículo 93 del Código Civil, y en proporción al caudal o medios de quien los da y a las necesidades de quien los recibe, de conformidad con el artículo 146 CC. Ahora bien, este interés no impide que aquellos que por disposición legal están obligados a prestar alimentos no puedan hacerlo por carecer absolutamente de recursos económicos, como tampoco impide que los padres puedan desaparecer físicamente de la vida de los menores, dejándoles sin los recursos de los que hasta entonces disponían para proveer a sus necesidades.

La falta de medios determina otro mínimo vital, el de un alimentante absolutamente insolvente, cuyas necesidades, como en este caso, son cubiertas por aquellas personas que, por disposición legal, están obligados a hacerlo, conforme a los artículos 142 y siguientes del Código Civil, las mismas contra los que los hijos pueden accionar para imponerles tal obligación, supuesta la carencia de medios de ambos padres, si bien teniendo en cuenta que, conforme al artículo 152.2 CC, esta obligación cesa “Cuando la fortuna del obligado a darlos se hubiere reducido hasta el punto de no poder satisfacerlos sin desatender sus propias necesidades y las de su familia”, que es lo que ocurre en este caso respecto al padre. Estamos, en suma, ante un escenario de pobreza absoluta que exigiría desarrollar aquellas acciones que resulten necesarias para asegurar el cumplimiento del mandato constitucional expresado en el artículo 39 CE y que permita proveer a los hijos de las presentes y futuras necesidades alimenticias hasta que se procure una solución al problema por parte de quienes están en principio obligados a ofrecerla, como son los padres”.

No obstante, se ha constatado en la práctica judicial que los juzgados de pensiones alimentarias no están respetando ningún límite a la hora de ordenar la retención salarial a personas que dependen de su salario para su subsistencia y de su actual núcleo familiar. El licenciado Arcelio Hernández Mussio, abogado y presidente de la Asociación Igualdad de Derechos para los Padres, en un artículo científico publicado por la Revista Judicial, señala que en Costa Rica no se está respetando el Convenio de la OIT 95 para la protección al salario, y que los jueces acuden a un tecnicismo para eludir la responsabilidad que el Estado costarricense adquirió al suscribir dicho convenio, al argumentar que el límite contenido en el artículo 172 del Código de Trabajo, alcanza solamente a los embargos, no así a las órdenes de retención salarial.  Es evidente que ese razonamiento va en contra del espíritu de las convenciones de la OIT, que buscan que una parte del salario no pueda ser objeto de ningún tipo de gravamen, que impida que un porcentaje de ese salario le llegue, efectivamente, al trabajador para su propio sustento.

Es debido a todo lo anterior que se somete para consideración de los diputados el presente proyecto de ley.

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA
DECRETA:
MODIFICACIÓN AL ARTÍCULO 172 DEL CÓDIGO DE TRABAJO

ARTÍCULO 1: Modifíquese el artículo 172 del Código de Trabajo, para que en adelante se lea de la siguiente manera:
“Artículo 172.
Son inembargables los salarios que no excedan del que resultare ser el menor salario mensual establecido en el decreto de salarios mínimos, vigente al decretarse el embargo. Si el salario menor dicho fuere indicado por jornada ordinaria, se multiplicará su monto por veintiséis para obtener el salario mensual.
Los salarios que excedan de ese límite son embargables hasta en una octava parte de la porción que llegue hasta tres veces aquella cantidad y en una cuarta del resto.
Sin embargo, todo salario será embargable hasta en un cincuenta por ciento como pensión alimenticia. Esta limitación incluye toda afectación al salario por concepto de retención salarial, la cual no podrá, en ningún caso, ser superior al cincuenta por ciento del salario del trabajador.
Por salario se entenderá la suma líquida que corresponda a quien lo devengue una vez deducidas las cuotas obligatorias que le correspondan pagar por ley al trabajador. Para los efectos de este artículo las dietas se consideran salario.
Aunque se tratare de causas diferentes, no podrá embargarse respecto a un mismo sueldo sino únicamente la parte que fuere embargable conforme a las presentes disposiciones.
En caso de simulación de embargo se podrá demostrar la misma en incidente creado al efecto dentro del juicio en que aduzca u oponga dicho embargo. Al efecto los tribunales apreciarán la prueba en conciencia sin sujeción a las reglas comunes sobre el particular. Si se comprobare la simulación se revocará el embargo debiendo devolver el embargante las sumas recibidas.”
Rige a partir de su publicación.
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Sue Chinchilla BermudezNuevoSan José22/09/2020 12:25
Solicito presentar Proyecto de Ley para reformar la Ley de Adopción en Costa Rica, por medio del cual pretende acortar del tiempo de aprobación por parte de los tribunales de justicia, una vez presentados todos los requisitos que estipula la ley por parte de los solicitantes de Adopción. Dicha reforma ha sido creada con el fin de promover el Derecho a la Familia que establece nuestra Constitución Política y que merecen los menores de edad de nuestro país declarados judicialmente en estado de abandono.
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Amalia Hernández AlvaradoSan José21/09/2020 19:08
Lo felicito Dr Walter Muñoz, por ser el único diputado capaz de pensar en todos los costarricenses , pues los trabajadores necesitamos nuestro ROP al pensionarnos . Estamos a dos años de pension no por edad sino por falta de cuotas pues traempresas sin verguenzas que le rebajan a uno la cuota de la ccss y ellos no la depositan.baja uno en
Muchas gracias Dr Muñoz por que es el unico diputado que nos representa a los costarricenses
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Marco Antonio Ureña FloresSan José20/09/2020 20:24
Hola, les agradezco estrategias que lleven a la humanización, al bien común, por favor no más impuestos. Que Dios ilumine sus decisiones.
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Juan Carlos Banegas SánchezSan José20/09/2020 19:09
Señores Diputados y Señoras Diputadas,

Me dirijo respetuosamente a ustedes en primer lugar agradeciéndoles su trabajo en todas aquellas iniciativas que han resultado en un beneficio para nuestro país, para el bolsillo de todos los ciudadanos y en procura de un major futuro para todos. Ahora, con respecto a la difícil situación fiscal que vive el país, y siendo imperative que todos los sectores colaboren en el mismo, les solicito analizar una reducción en el número de asesores con los que cuenta cada diputado de la República. Es responsabilidad también de la Asamblea Legislativa contribuir con el uso adecuado de los recursos, por lo que es pertinente analizar si ustedes mismos aparte del apoyo que hacen aprobando leyes, vuelven una mirada hacia adentro y toman medidas adicionales. Ya han dado pasos importantes con la prohibicón de compra de licores, pero tal vez podrían revisar el número de asesores por diputado y por fracción. Esto sería un ahorro increíble para el país en momentos críticos. Puede ser algo no muy popular pero necesario en estos momentos. Favor considerer este tema evidentemente sin afectar el funcionamiento del Plenario. Muchas Gracias!
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SERGIO ARIAS MENESESSan José20/09/2020 18:07
1. Para disminuir la evasión fiscal, toda empresa que declare que tuvo 0 utilidad deberá pagar 1 millón de colones.
2. Refundir la deuda interna para los inversionistas privados extendiendo el plazo de vencimiento de sus colocaciones y disminuyendo a la realidad la tasa de interés a pagar
3. Dotar a la Oficina de Cobros del Ministerio de Hacienda de los recursos necesarios para llevar adelante los procesos porque por falta de depósito requerido por el Juez no prosiguen los procesos4. Que la Tributación  en lugar de iniciar los procesos de determinación de la obligación tributaria de años anteriores, se dedique a hacer la del periodo actual para que pueda lograr cobrar estando vivas las sociedades y no cuando ya no tienen nada o fueron liquidadas
5. Revisión de las normas que permiten la elusión fiscal para evitar esa práctica
6. Congelar también lo precios, tanto de los servicios públicos como de los bienes y servicios privados hasta por 2 años
7. modificación de la Ley del IAFA para que los bienes decomisados al narcotráfico pasen al Poder Central, puedan ser utilizados por la Administración Pública en lugar de estar pagando altos alquileres y también para que los pueda vender para el pago de la deuda interna.
8. Venta de todos los vehículos usados decomisados y no retirados y de lo obtenido se amortice parte de la deuda interna, por modificación legal.
9. Atendiendo la emergencia nacional por el déficit fiscal llevar a cabo un solo presupuesto a nivel nacional incorporando los superávit
10. Crear una ley para que todo lo proveniente de cooperación internacional y donación internacional se incorpore al presupuesto de la República
11. Crear una ley para que existe una obligación de las juntas directivas de los bancos a dar cuentas al GOBIERNO, no que sigan tomando decisiones en favor de grupos no a nivel de país.
12. Cárcel expedita, para los funcionarios públicos que no ejecuten los dineros provenientes del Erario Público a tiempo.   
13. Crear una ley que exija a todas la administraciones a informar sobre los préstamos no ejecutados y responsabilizar a quien corresponda para que pague los intereses generados por la omisión indicada.
14. Para bajar el gasto que los privados de libertad deban ganarse su sustento
15. Que toda ayuda que brinde el Estado sea resarcida a través del trabajo por ejemplo en las escuelas  que han sido declaradas por el Ministerio de Salud no funcionales  por falta de reparaciones habiendo tanta gente vaga y dando el dinero de gratis pudiendo resarcir con las reparaciones  y limpieza, misma situación que para la recolección de café. De esta manera solo se requerirían los materiales, la fiscalización del trabajo y se estaría generando ahorro y trabajo.
16. Hacer un llamado para unirnos y ser mejores hijos de la patria, una madre maltratada por interés subjetivos.     
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Luis Ángel Ugalde ZúñigaLimón20/09/2020 17:47
Estimados Diputados y Diputadas de la República de Costa Rica. Recientemente (inicios de este año), ustedes decretaron al Café, como Símbolo Nacional, convirtiéndose éste, en el Símbolo Nacional número quince de nuestro país. Ahora, les propongo, incorporar el Traje Típico costarricense como Símbolo Nacional. Las razones son variadas: representa a Costa Rica en muchos actos oficiales, tanto dentro como fuera del país. Es alusivo para el baile de canciones típicas costarricenses. es vistoso, principalmente con los colores que engalanan nuestra Bandera Nacional. Desde antaño, esta presente en el pueblo costarricense, y si bien se tiene la idea, que hay uno en cada región o provincia, uno nos representa: el Típico Nacional.      
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Fiorella Norori AlvaradoSan José18/09/2020 10:52
Estimados señores y señoras diputados:
Deseo expresar mi desconformidad acerca de la propuesta de incrementar los impuestos de la renta sobre los salarios de funcionarios públicos y ademas; colocar impuestos a transferencias en las distintas modalidades, que evidentemente por la coyuntura que vivimos por el COVID-19, la mayoría de la población costarricense ha debido utilizar estas formas para seguir realizando sus respectivos pagos, continuar con sus negocios; para llevar sustento a sus mesas. Personalmente, me parece injusto que se siga atropellando al pueblo con impuestos, esto no va a colaborar a nada si no se ADMINISTRAN correctamente los recursos que se obtienen. Solicito por favor reconsiderar esta propuesta, pensando en el pueblo; ya que es a nosotros a quienes se afecta directamente.
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Mario Gomez CalderonAlajuela17/09/2020 13:39
En base a las declaraciones del director Ejecutivo del Consejo de Seguridad Vial, Edwin Herrara, en relacion al incremeto del costo de las licencias de 5000 colones a 19200 colones, tomando como justificacion del incremeto el cambio de material y la adicion de tecnologia, que consiste de un chip que mantendria informacion de la persona relacionada a la licencia.
Considero que seria una solucion mas efectiva en relacion costo/beneficio a largo plazo la integracion de un sistema, donde el chip de informacion sea utilizado con la cedula, y que mediante el mismo haya una relacion a una base de datos mantenida por las entidades interesadas, donde en caso de que se necesite consultar la licencia, se pueda escanear el chip y muestra en un sistema si la persona en cuestion tiene licencia y que tipo de licencia tiene
Esto ayudaria a centralizar informacion, reducir costos de reponer el plastico de licencias, da mayor transparencia ante posibles licencias falsas. Adicionalmente una vez implementado el sistema se podria integrar a otros sistema como el proyecto de pago electronico para transporte publico, manejar informacion a nivel de CCSS para el estado de asegurados, etc.
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Juan Manuel Ulloa PorrasSan José16/09/2020 14:48
Señores Diputados, por favor no botar el último proyecto presentado para la devolución del ROP, se debe tomar como Proyecto el primero que presentó Don Eduardo, ya que el último es un adefesio y nunca va a beneficiar a los trabajadores, pero el primero de Don Eduardo, como lo dijo él ESTE ES UN PROYECTO  DE SENSIBILIDAD SOCIAL.  
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Edgar Sanchez USan José15/09/2020 11:24
Propongo que el Ejecutivo envie un Decreto de Ley que suspenda por un año todos los embargos judiciales a personas fisicas que cumplan con caracteristicas especificas, entre ellas que sean personas que dependan de un salario y que no cuenten con otro tipo de ingreso.  Que se revisen las tasas de interes que se cobran a la hora de ejecutar un proceso de Cobro Judicial, pues las mismas son muy altas, asi como el famoso 50% de Ley que tambien le endilgan a todas las personas.  Muchisimas pesonas estan en proceso de enfrentar este tipo de tramite debido a la pandemia, con la Ley de Usura no pueden acceder a arreglos de pago, el Decreto que el Ejecutivo implemento para que puedan hacerse ayudas no es tan efectivo si no se cuenta con liquidez, los Juzgados de Cobro  actualmente tienen una avalancha de casos que caducaran porque gracias a Dios las personas ya no son tontas, y estan asesorandose, esta situacion no ve trazas de mejorar, por el contrario poco a poco estamos empeorando y las soluciones paliativas ya no estan surtiendo efecto
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Jose Alexander Cubillo AlvarezSan José12/09/2020 13:00
Proyecto de Ley sobre el irrespeto a la autoridad, agresiones físicas en contra de Oficiales de Policía y reglamento y manual para intervenciones Policiales y el uso de la Fuerza.

 Los índices de criminalidad en Costa Rica vienen en aumento, en sus diferentes modalidades, y es más común observar actos de violencia en contra de oficiales de policía y fuerzas del orden público de nuestro país, todas ellas cometidas por personas violentas que están de una u otra forma, disconformes con la actuación policial o con el ejercicio de la potestad estatal para prevenir o reprimir algún acto delictivo. Estas personas, reaccionan de forma violenta y no se disponen a acatar las indicaciones y las ordenes emanadas de los cuerpos policiales.
Cada día es más frecuente observar, que, al momento de una intervención policial, los ciudadanos disconformes con la actuación policial, reaccionen de forma violenta, superando en número en muchas ocasiones a los efectivos de la ley, golpeándolos, lanzándoles piedras u otros objetos o líquidos, e incluso generando lesiones de todo tipo pudiendo incluso ocasionar la muerte de los efectivos del orden.
Este tipo de reacciones, no solo son de autoría de delincuentes profesionales o del crimen organizado, sino también, de civiles que se resisten a los arrestos o están disconformes con las actuaciones policiales a la luz del cumplimiento de un deber legal.
 Oficiales de los diferentes cuerpos policiales son a diarios golpeados, insultados, escupidos, agredidos de manera física, psicológica y verbalmente, y este tipo de actos debe ser castigado con ley. Es necesario e imperativo, dotar a nuestros cuerpos policiales de una legislación que los proteja en cuanto a este tipo de situaciones, con una ley que regule además las actuaciones policiales en sus diferentes tipos de riesgo, así como la proporcionalidad de sus actos, las tecnologías utilizadas como medios probatorios y el uso de armas menos letales que permitan reducir a la impotencia a los sujetos intervenidos que se resistan a la autoridad de manera violenta, además, de robustecer las penas por los delitos que se configuren en dichos actos como el delito de atentado, delito de resistencia, obstrucción o estorbo a la autoridad, así mismo, este cuerpo normativo, debe enmarcar de manera rigurosa los actos arbitrarios ocasionados en perjuicio de los ciudadanos cometidos por abuso de autoridad de manera injustificada.
Esta ley, pretende dotar de un cuerpo legal que regule las actuaciones civiles en contra de las autoridades del cumplimento de la ley de los diferentes cuerpos policiales administrativos, judiciales, municipales y de las demás fuerzas de policía estatales cuya competencia esté prevista por ley, siempre que sea en ejercicio, por causa o en razón de sus funciones.



Además, pretende dotar de un reglamento para las intervenciones policiales y su clasificación, así como enmarcar la proporcionalidad de los actos policiales y el uso de la fuerza en el ejercicio de sus funciones, con el objetivo de evitar abusos de autoridad en contra de los ciudadanos, así como las sanciones para quienes cometan actos arbitrarios en perjuicio de los derechos de los ciudadanos.
Pretende, además, regular el uso de armas menos letales por parte de los cuerpos de policía adscritos al ministerio de Seguridad Publica, así como el uso de tecnologías combinadas para la obtención de medios probatorios eficientes para la judicialización de los casos que sean necesarios, mediante el uso racional y proporcional.
Ley sobre el irrespeto y desobediencia a la autoridad, agresiones físicas en contra de Oficiales de Policía y reglamento y manual para intervenciones Policiales y el uso de la Fuerza
 Artículo 1. Modifíquese los artículos 123, 124, 125, 128, 139, 140, 141, 195, 229, 257, 266, 267, 300, 311, 312, 315, 316, 338, 396 del código penal, ley Nº 4573, del 4 de Mayo de 1970, y sus reformas, para que se lean como se presentan a continuación:
Artículo 123.- Lesiones Gravísimas
Se impondrá prisión de tres a diez años a quien produzca una lesión que cause una disfunción intelectual, sensorial o física o un trastorno emocional severo que produzca incapacidad permanente para el trabajo, pérdida de sentido, de un órgano, de un miembro, imposibilidad de usar un órgano o un miembro, pérdida de la palabra o pérdida de la capacidad de engendrar o concebir.
(Así reformado por el artículo 69 (actual 82) de la Ley sobre Igualdad de Oportunidades para las Personas con Discapacidad; Nº 7600 de 2 de mayo de 1996)
La pena aumentará de seis a veinte años a criterio de juez cuando las lesiones a que hace referencia el artículo 123, sean contra funcionarios policiales en el ejercicio, por causa o en razón de sus funciones.

Artículo 123 bis.- Tortura
Será sancionado con pena de prisión de tres a diez años, quien le ocasione a una persona dolores o sufrimientos físicos o mentales, la intimide o coaccione por un acto cometido o que se sospeche que ha cometido, para obtener de ella o un tercero información o confesión; por razones de raza, nacionalidad, género, edad, opción política, religiosa o sexual, posición social, situación económica o estado civil.
Si las conductas anteriores son cometidas por un funcionario público, la pena será de cinco a doce años de prisión e inhabilitación de dos a ocho años para el ejercicio de sus funciones.
 (Así adicionado por el artículo único de la Ley N° 8189 de 18 de diciembre de 2001).
 La pena aumentará de seis a veinte años a criterio de juez cuando las lesiones a que hace referencia el artículo 123 bis, sean contra funcionarios policiales en el ejercicio, por causa o en razón de sus funciones.
ARTÍCULO 124.-LesionesGraves
Se impondrá prisión de uno a seis años, si la lesión produjere una debilitación persistente de la salud, de un sentido, de un órgano, de un miembro o de una función o si hubiere incapacitado al ofendido para dedicarse a sus ocupaciones habituales por más de un mes o le hubiere dejado una marca indeleble en el rostro.
La pena aumentará de dos a doce años a criterio de juez cuando las lesiones a que hace referencia el artículo 124, sean contra funcionarios policiales en el ejercicio, por causa o en razón de sus funciones.
Artículo 125.-Lesiones Leves
Se impondrá prisión de tres meses a un año a quien causare a otro un daño en el cuerpo o la salud, que determine incapacidad para sus ocupaciones habituales por más de cinco días y hasta por un mes.
(Así reformado por el inciso e) del artículo 1 de la ley N° 8250 de 2 de mayo del 2002)
La pena aumentará de seis meses a dos años a criterio de juez cuando las lesiones a que hace referencia el artículo 125, sean contra funcionarios policiales en el ejercicio, por causa o en razón de sus funciones.
 Lesiones culposas
 Artículo 128.- Lesiones culposas
Se impondrá prisión hasta de un año, o hasta cien días multa, a quien por culpa cause a otro lesiones de las definidas en los artículos 123, 124 y 125. Para la adecuación de la pena al responsable, el tribunal deberá tener en cuenta el grado de culpa, el número de víctimas y la magnitud de los daños causados.
En todo caso, al autor de las lesiones culposas también se le impondrá inhabilitación de seis meses a dos años para el ejercicio de la profesión, el oficio, el arte o la actividad en la que se produjo el hecho.
Se impondrá pena de prisión de tres meses a tres años y la inhabilitación para conducir vehículos de todo tipo, de un año a tres años a quien por culpa y por medio de un vehículo haya causado lesiones a una persona, encontrándose el autor bajo las conductas establecidas en la categoría A de la Ley de Tránsito por Vías Públicas Terrestres y Seguridad Vial o bajo la influencia de bebidas alcohólicas, con una concentración de alcohol en sangre superior a cero coma setenta y cinco gramos (0,75 g) por cada litro de sangre o con una concentración de alcohol en aire superior a cero coma treinta y ocho miligramos (0,38 mg) por litro.
Igual pena se aplicará en los casos en que el autor del hecho sea un conductor profesional o un conductor cuya licencia de conducir haya sido expedida por primera vez en un plazo inferior a tres años, respecto del día en que se detectó la presencia del alcohol, cuando la concentración de alcohol en sangre sea superior a cero coma cincuenta gramos (0,50 g) de alcohol por cada litro de sangre o cuando la concentración de alcohol en aire sea superior a cero coma veinticinco miligramos (0,25 mg) por litro, o bien, en los casos en que el autor del hecho se encuentre bajo la influencia de drogas tóxicas, estupefacientes, sustancias psicotrópicas u otras sustancias que produzcan estados de alteración y efectos enervantes o depresivos análogos, de acuerdo con las definiciones, los alcances y las características que haya establecido el Ministerio de Salud.
Cuando se trate de un conductor reincidente de alguna de las conductas señaladas en los párrafos anteriores, el mínimo de la pena de inhabilitación para la conducción de todo tipo de vehículos, será de tres años y el máximo podrá ser hasta de siete años.
Cuando se imponga una pena de prisión de tres años o menos, el tribunal podrá sustituir la pena privativa de libertad por una multa pecuniaria, la cual no podrá ser menor de un salario base ni mayor de tres salarios base mensual, correspondiente al "Auxiliar Administrativo Uno" que aparece en la Relación de Puestos del Poder Judicial, de conformidad con la ley de presupuesto ordinario de la República, aprobada en el mes de noviembre anterior a la fecha en que se cometa la infracción de tránsito asociado a una medida alternativa de prestación de servicio de utilidad pública, que podrá ser de doscientas horas hasta de novecientas cincuenta horas de servicio, en los lugares y la forma que se dispongan por la autoridad jurisdiccional competente.
 (Así reformado por el artículo 246 de la ley de Tránsito por Vías Públicas Terrestres y Seguridad Vial, N° 9078 del 4 de octubre de 2012)
La pena aumentará al doble a criterio de juez cuando las lesiones a que hace referencia el artículo 128, sean contra funcionarios policiales en el ejercicio, por causa o en razón de sus funciones.
Riña
Artículo 139.- Se impondrá de cinco a cuarenta días multa o prisión de dos a seis meses al que tomare parte en una riña en la que intervinieren dos o más personas.
 (Así reformado por resolución de la Sala Constitucional No.03903-1994 de 03 de agosto de 1994, la cual declaró inconstitucional la modificación realizada por el 258 artículo 1º de la ley Nº 6726 de 10 de marzo de 1982, y ordena que la versión original de este numeral retorne a su redacción anterior, pero señalando también como inconstitucional y eliminando el antiguo párrafo segundo)

La pena aumentará de 1 a tres años a criterio de juez cuando el que tomare parte de la riña que hace referencia el artículo 139, sean contra funcionarios policiales en el ejercicio, por causa o en razón de sus funciones.
 Agresión con armas.
Artículo 140.- Será reprimido con prisión de dos a seis meses el que agrediere a otro con cualquier arma u objeto contundente, aunque no causare herida, o el que amenazare con arma de fuego.
Si concurriere alguna de las circunstancias previstas en el homicidio calificado o en estado de emoción violenta, la pena aumentará o disminuirá en un tercio respectivamente, a juicio del Juez.
La pena aumentará de tres a seis años a criterio de juez cuando la agresión que hace referencia el artículo 140, sean contra funcionarios policiales en el ejercicio, por causa o en razón de sus funciones.
 Agresión calificada.
ARTÍCULO 141.- Si la agresión consistiere en disparar un arma de fuego contra una persona sin manifiesta intención homicida, la pena será de seis meses a un año de prisión. Esta pena se aplicará aún en el caso de que se causare una lesión leve. Si concurriere alguna de las circunstancias previstas en el homicidio calificado o en estado de emoción violenta, la pena respectiva se aumentará o disminuirá a juicio del Juez.
 La pena aumentará de tres a seis años a criterio de juez cuando la agresión que hace referencia el artículo 141, sean contra funcionarios policiales en el ejercicio, por causa o en razón de sus funciones.
Amenazas agravadas.
Artículo 195.-Será sancionado con prisión de quince a sesenta días o de diez hasta sesenta días multa, a quien hiciere uso de amenazas injustas y graves para alarmar o amenazar a una persona, si el hecho fuere cometido con armas de fuego, o por dos o más personas reunidas, o si las amenazas fueren anónimas o simbólicas.
(Así reformado por el inciso f) del artículo 1 de la ley N° 8250 de 2 de mayo del 2002)
La pena aumentará de uno a tres años a criterio de juez cuando la agresión que hace referencia el artículo 195, sean contra funcionarios policiales en el ejercicio, por causa o en razón de sus funciones.



Artículo 229.- Daño agravado
Se impondrá prisión de seis meses a cuatro años:
1) Si el daño fuere ejecutado en cosas de valor científico, artístico, cultural o religioso, cuando, por el lugar en que se encuentren, se hallaren libradas a la confianza pública, o destinadas al servicio, la utilidad o la reverencia de un número indeterminado de personas.
2) Cuando el daño recayere sobre medios o vías de comunicación o tránsito, sobre puentes o canales, sobre plantas de producción o conductos de agua, de electricidad o de sustancias energéticas.
 3) Cuando el hecho fuere ejecutado con violencia en las personas o con amenazas.
 4) Cuando el hecho fuere ejecutado por tres o más personas.
5) Cuando el daño fuere contra equipamientos policiales.
6) Cuando el daño recayera sobre redes, sistemas o equipos informáticos, telemáticos o electrónicos, o sus componentes físicos, lógicos o periféricos. (Así adicionado el inciso 6) anterior por el artículo 2° de la Ley N° 9048 del 10 de julio de 2012, "Reforma de la Sección VIII, Delitos Informáticos y Conexos, del Título VII del Código Penal")
(Así reformado por el artículo 19 de la Ley de Protección a Víctimas, Testigos y demás intervinientes en el Proceso Penal N° 8720 de 4 de marzo de 2009.)
La pena aumentará de uno a ocho años a criterio de juez cuando el daño que hace referencia el artículo 229, sean contra funcionarios policiales en el ejercicio, por causa o en razón de sus funciones.
 Artículo 257.- Fabricación o tenencia de materiales explosivos.
Será reprimido con prisión de cuatro a ocho años el que, con el fin de contribuir a la comisión de delitos, fabricare, suministrare, adquiriere, sustrajere o tuviere bombas o materiales explosivos, inflamables, asfixiantes o tóxicos, o sustancias o materiales destinados a su preparación.
La misma pena se impondrá al que, sabiendo o debiendo presumir que contribuye a la comisión de delitos, diere instrucciones para la preparación de las sustancias o materiales a que se refiere el párrafo anterior.
Se le impondrá prisión de dos a cuatro años a quien tuviere en su poder, para fines distintos a los señalados, sin autorización de las autoridades correspondientes, los materiales indicados en el párrafo primero del presente artículo.
(Así reformado por el artículo 1º de la ley No. 6989 de 16 de julio de 1985)

 (Así corrida su numeración por el inciso a) del artículo 185, de la "Ley Reguladora del Mercado de Valores No.7732 de 17 de diciembre de 1997, que lo traspasó del antiguo artículo 248 al 250)
(Así corrida su numeración por el artículo 3° de la ley "Reforma de la Sección VIII, Delitos Informáticos y Conexos, del Título VII del Código Penal"; N° 9048 del 10 de julio de 2012, que lo traspaso del antiguo artículo 250 al 257)
 La pena aumentará al doble según sea el caso a criterio de juez cuando el fin de los actos que hace referencia el artículo 257, sean contra equipos, instalaciones, edificios o funcionarios policiales en el ejercicio, por causa o en razón de sus funciones.
 Agravantes de la piratería y actos ilícitos contra la seguridad de la navegación marítima
 (*)(Así modificada su denominación por el punto 1. aparte g) del artículo 1° de la Ley de Fortalecimiento de la Legislación contra el Terrorismo, N° 8719 de 4 de marzo de 2009).
 Artículo 266.-Si los actos de violencia u hostilidad mencionados en el artículo anterior, fueren causa de la muerte de alguna persona que se encontrare en el buque atacado, la pena será de prisión no menor de diez años.
(Así corrida su numeración por el inciso a) del artículo 185, de la "Ley Reguladora del Mercado de Valores No.7732 de 17 de diciembre de 1997, que lo traspasó del antiguo artículo 257 al 259)
 (Así corrida su numeración por el artículo 3° de la ley "Reforma de la Sección VIII, Delitos Informáticos y Conexos, del Título VII del Código Penal", N° 9048 del 10 de julio de 2012, que lo traspaso del antiguo artículo 259 al 266)
La pena aumentará al doble según sea el caso a criterio de juez cuando el fin de los actos que hace referencia el artículo 266, sean contra equipos, instalaciones, edificios, embarcaciones del servicio nacional de guardacostas o de la fuerza pública o funcionarios policiales en el ejercicio, por causa o en razón de sus funciones.
 Apoderamiento ilícito o destrucción de aeronaves
Artículo 267.-Será reprimido con prisión de cinco a quince años quien:
a) Se apoderare, mediante violencia en las personas o en las cosas, o utilizando amenazas graves, de una aeronave que se encuentre en vuelo.
b) Destruyere, mediante la utilización de armas, explosivos, provocación de explosión o incendio, una aeronave que se encuentre en vuelo o la carga que en ella se transporte.
 c) Cause daños que incapaciten la nave para el vuelo.
(Así adicionado el inciso anterior por el punto 2. aparte e) del artículo 1° de la Ley de Fortalecimiento de la Legislación contra el Terrorismo, N° 8719 de 4 de marzo de 2009).
 La pena será de quince a veinticinco años de prisión cuando los hechos descritos en los incisos anteriores produzcan la muerte de personas o les causen lesiones graves o gravísimas.
Si el autor desistiere voluntariamente de los hechos mencionados y en el intento o en el apoderamiento no se produjere daño a la aeronave ni a su carga, ni lesiones o muerte de alguna persona, la pena podrá ser reducida discrecionalmente por el juez, sin que pueda ser inferior a tres años de prisión.
Para los fines del presente artículo, se considerará que una aeronave se encuentra en vuelo desde el momento en que se cierran todas las puertas externas después del embarque, hasta el momento en que se abra cualquiera de dichas puertas para el desembarque.
(Así reformado por el artículo 1º de la ley Nº 6989 de 16 de julio de 1985).
(Así corrida su numeración por el inciso a) del artículo 185, de la "Ley Reguladora del Mercado de Valores No.7732 de 17 de diciembre de 1997, que lo traspasó del antiguo artículo 258 al 260)
(Así corrida su numeración por el artículo 3° de la ley "Reforma de la Sección VIII, Delitos Informáticos y Conexos, del Título VII del Código Penal", N° 9048 del 10 de julio de 2012, que lo traspaso del antiguo artículo 260 al 267)
La pena aumentará al doble según sea el caso a criterio de juez cuando el fin de los actos que hace referencia el artículo 267, sean contra equipos, instalaciones, edificios o aeronaves del Servicio de Vigilancia Aérea o de la fuerza pública o funcionarios policiales en el ejercicio, por causa o en razón de sus funciones.
 Daño en objeto de interés militar.
 Artículo 300.-Será reprimido con prisión de dos a ocho años, al que, encontrándose la Nación en guerra, dañare instalaciones, vías, obras u objetos necesarios o útiles para la defensa nacional, con el propósito de perjudicar el esfuerzo bélico.
 (Así corrida su numeración por el inciso a) del artículo 185, de la "Ley Reguladora del Mercado de Valores No.7732 de 17 de diciembre de 1997, que lo traspasó del antiguo artículo 291 al 293)
(Así corrida su numeración por el artículo 3° de la ley "Reforma de la Sección VIII, 266 Delitos Informáticos y Conexos, del Título VII del Código Penal", N° 9048 del 10 de julio de 2012, que lo traspaso del antiguo artículo 293 al 300)
Igual pena se aplicará según sea el caso a criterio de juez cuando el fin de los actos que hace referencia el artículo 300, sean contra equipos u objetos de interés policial, instalaciones, edificios o aeronaves del Servicio de Vigilancia Aérea o de la fuerza pública o embarcaciones del Servicio de Vigilancia Aérea o funcionarios policiales en el ejercicio, por causa o en razón de sus funciones.
Atentado.
 Artículo 311.-Será reprimido con prisión de un mes a tres años el que empleare intimidación o fuerza contra un funcionario público para imponerle la ejecución u omisión de un acto propio de sus funciones.
(Así corrida su numeración por el inciso a) del artículo 185, de la "Ley Reguladora del Mercado de Valores No.7732 de 17 de diciembre de 1997, que lo traspasó del antiguo artículo 302 al 304)
 (Así corrida su numeración por el artículo 3° de la ley "Reforma de la Sección VIII, Delitos Informáticos y Conexos, del Título VII del Código Penal", N° 9048 del 10 de julio de 2012, que lo traspaso del antiguo artículo 304 al 311)
 La pena aumentará al doble según sea el caso a criterio de juez cuando el fin de los actos que hace referencia el artículo 311, sean contra funcionarios policiales en el ejercicio, por causa o en razón de sus funciones.
Artículo 312.-Resistencia
Se impondrá prisión de un mes a tres años al que empleare intimidación o violencia contra un funcionario público o contra la persona que le prestare asistencia a requerimiento de aquel o en virtud de un deber legal, para impedir u obstaculizar la ejecución de un acto propio del legítimo ejercicio de sus funciones.
La misma pena se impondrá a quien empleare fuerza contra los equipamientos policiales utilizados por la autoridad policial para realizar su labor.
 (Así reformado por el artículo 19 de la "Ley de Protección a Víctimas, Testigos y demás intervinientes en el Proceso Penal", N° 8720 de 4 de marzo de 2009.)
(Así corrida su numeración por el inciso a) del artículo 185, de la "Ley Reguladora del Mercado de Valores No.7732 de 17 de diciembre de 1997, que lo traspasó del antiguo artículo 303 al 305)
(Así corrida su numeración por el artículo 3° de la ley "Reforma de la Sección VIII, 268 Delitos Informáticos y Conexos, del Título VII del Código Penal", N° 9048 del 10 de julio de 2012, que lo traspaso del antiguo artículo 305 al 312)
La pena aumentará al doble según sea el caso a criterio de juez cuando el fin de los actos que hace referencia el artículo 312, sean contra equipamientos policiales y funcionarios policiales en el ejercicio, por causa o en razón de sus funciones.




Circunstancias agravantes.

Artículo 313.-En el caso de los dos artículos anteriores, la pena será de uno a cinco años:

1) Si el hecho fuere cometido a mano armada;

2) Si el hecho fuere cometido por dos o más personas;

3) Si el autor fuere funcionario público; y

4) Si el autor agrediere a la autoridad.

Para los efectos de este artículo y de los dos anteriores, se reputará funcionario público al particular que tratare de aprehender o hubiere aprehendido a un delincuente en flagrante delito.

(Nota de Sinalevi: Mediante el artículo 1º de la ley Nº 5061 de 23 de agosto de 1972, interpretó auténticamente esta disposición en el sentido de que:"...la pena en ellos señalada es la de prisión")

(Así corrida su numeración por el inciso a) del artículo 185, de la "Ley Reguladora del Mercado de Valores No.7732 de 17 de diciembre de 1997, que lo traspasó del antiguo artículo 304 al 306)

(Así corrida su numeración por el artículo 3° de la ley "Reforma de la Sección VIII, Delitos Informáticos y Conexos, del Título VII del Código Penal", N° 9048 del 10 de julio de 2012, que lo traspaso del antiguo artículo 306 al 313)

La pena aumentará al doble según sea el caso a criterio de juez cuando el fin de los actos que hace referencia el artículo 313, sean contra equipamientos policiales y funcionarios policiales en el ejercicio, por causa o en razón de sus funciones.


Molestia o estorbo a la autoridad.
Artículo 315.-Será reprimido con prisión de quince días a seis meses, el que perturbare el orden de las sesiones de los cuerpos deliberantes nacionales o municipales, en las audiencias de los Tribunales de Justicia o donde quiera que una autoridad esté ejerciendo sus funciones.
(Así corrida su numeración por el inciso a) del artículo 185, de la "Ley Reguladora del Mercado de Valores No.7732 de 17 de diciembre de 1997, que lo traspasó del antiguo artículo 306 al 308)
(Así corrida su numeración por el artículo 3° de la ley "Reforma de la Sección VIII, Delitos Informáticos y Conexos, del Título VII del Código Penal", N° 9048 del 10 de julio de 2012, que lo traspaso del antiguo artículo 308 al 315)
La pena aumentará al doble según sea el caso a criterio de juez cuando el fin de los actos que hace referencia el artículo 315, sean contra funcionarios policiales en el ejercicio, por causa o en razón de sus funciones.
 Artículo 316.- Amenaza a un funcionario público.
 Será reprimido con prisión de un mes a dos años quien amenazare a un funcionario público a causa de sus funciones, dirigiéndose a él personal o públicamente, o mediante comunicación escrita, telegráfica o telefónica o por la vía jerárquica.
 (Así reformado por el artículo único de la Ley "Derogación del tipo penal de Desacato", N° 8224 de 13 de marzo del 2002)
 (Así corrida su numeración por el inciso a) del artículo 185, de la "Ley Reguladora del Mercado de Valores No.7732 de 17 de diciembre de 1997, que lo traspasó del antiguo artículo 307 al 309)
 (Así corrida su numeración por el artículo 3° de la ley "Reforma de la Sección VIII, Delitos Informáticos y Conexos, del Título VII del Código Penal", N° 9048 del 10 de julio de 2012, que lo traspaso del antiguo artículo 309 al 316)
 La pena aumentará al doble según sea el caso a criterio de juez cuando el fin de los actos que hace referencia el artículo 316, sean contra funcionarios policiales en el ejercicio, por causa o en razón de sus funciones.
Abuso de Autoridad.
 Artículo 338.- Será reprimido con prisión de tres meses a dos años, el funcionario público, que, abusando de su cargo, ordenare o cometiere cualquier acto arbitrario en perjuicio de los derechos de alguien.
 (Así corrida su numeración por el inciso a) del artículo 185, de la "Ley Reguladora del Mercado de Valores" No.7732 de 17 de diciembre de 1997, que lo traspasó del antiguo artículo 329 al 331)
 (Así corrida su numeración por el artículo 3° de la ley "Reforma de la Sección VIII, Delitos Informáticos y Conexos, del Título VII del Código Penal", N° 9048 del 10 de julio de 2012, que lo traspaso del antiguo artículo 331 al 338)


La pena aumentará al doble según sea el caso a criterio de juez cuando el fin de los actos que hace referencia el artículo 338, sean cometidos por funcionarios policiales en el ejercicio de sus funciones.
DESOBEDIENCIA, DESACATO E IRRESPETO A LA AUTORIDAD
Artículo 396.- Se penará con cinco a treinta días multa:
Destrucción de sellos oficiales
1) Al que hubiere arrancado, destruido o, de otro modo, hubiere hecho inservibles los sellos fijados por la autoridad con propósitos judiciales o fiscales.
 Falta de ayuda a la autoridad
2) A quien no prestare la ayuda que la autoridad reclame en caso de terremoto, incendio, inundación, naufragio u otra calamidad o desgracia, aunque pueda hacerlo sin grave detrimento propio o no suministrare la información que se le pide o la diere falsa.
 No comparecencia como testigo
3) A la persona que, habiendo sido legalmente citada como testigo, se abstuviere de comparecer o se negare a prestar la declaración correspondiente.
Negativa a practicar actos periciales
4) Al médico, cirujano, farmacéutico u obstétrica que, llamado en calidad de perito a un proceso judicial, se negare a practicar el reconocimiento y dar el informe requerido por la autoridad judicial.
Negativa a la obligación de cumplir como peritos
5) Al perito o intérprete que, habiendo aceptado el cargo en materia judicial, se negare sin justa causa a cumplirlo o retardare cumplirlo con perjuicio para alguna de las partes del negocio.
Negativa a identificarse
6) Al que, requerido o interrogado por autoridad competente para ello en el ejercicio de sus funciones, se negare a presentar su cédula de identidad, pasaporte o permiso de residencia, rehusare dar su nombre, profesión, estado civil, nacionalidad, lugar de nacimiento, domicilio y demás datos de filiación o los diere falsos.
Dificultar acción de autoridad
7) Al que, sin agredir a un funcionario público ni a la persona que le prestare auxilio a requerimiento de aquel o en virtud de una obligación legal, lo estorbare o le dificultare, en alguna forma, el cumplimiento de un acto propio de sus funciones, le presentare resistencia o incurriere en otro desacato que no constituya delito.
Portación falsa de distintivos
8) Al que públicamente portare insignias o distintivos de un cargo que no tenga, o se fingiere revestido de una función, cargo o autoridad públicos, o autorizados para ejercerlo.
(Así reformado por el artículo 2 de la ley N° 8250 de 2 de mayo del 2002)
(Así corrida su numeración por el artículo N° 9 de la "Ley Reforma Código Familia, Ley Orgánica del Patronato Nacional Infancia, Ley General Migración y Extranjería, Ley Orgánica del TSE y Registro Civil y Código Penal, para regular la adopción de personas ", Nº 7538 de 22 de agosto de 1995, que lo traspasó del antiguo artículo 383 al 385)
 (Así corrida su numeración por el inciso a) del artículo 185, de la "Ley Reguladora del Mercado de Valores; No.7732 de 17 de diciembre de 1997, que lo traspasó del antiguo artículo 385 al 387)
(Así corrida su numeración por el artículo N° 2 de la "Ley Represión Penal como castigo por los Crímenes de Guerra y de Lesa Humanidad", N° 8272 de 2 de mayo de 2002, que lo traspasó del antiguo artículo 387 al 389).
 (Así corrida su numeración por el artículo 3° de la ley "Reforma de la Sección VIII, Delitos Informáticos y Conexos, del Título VII del Código Penal", N° 9048 del 10 de julio de 2012, que lo traspaso del antiguo artículo 389 al 396)
La pena aumentará al doble según sea el caso a criterio de juez cuando el fin de los actos que hace referencia el artículo 396, sean contra funcionarios policiales en el ejercicio, por causa o en razón de sus funciones.
Artículo 2. Modifíquese los artículos 5, 10, 17 de la Ley General de Policía Nº 7410 del 19 de Mayo de 1994, para que se lean como se presentan a continuación:
Artículo 5.-Deber de colaboración y apoyo de las comunidades
Todo ciudadano está obligado a abstenerse de cualquier acto que dificulte o perturbe el cumplimiento regular de las funciones policiales.
El no cumplir los extremos del párrafo anterior, será considerado como Molestia o Estorbo a la autoridad de conformidad con lo que establece el artículo 315 del código penal, sin perjuicio de las demás responsabilidades civiles y administrativas que pueda acarrear la conducta.




 Principios fundamentales de la actuación policial
Adiciónese un nuevo artículo 10 a la ley general de Policía Nº 7410, del 09 de mayo de 1994 y sus reformas, corriéndose la numeración según corresponda, para que se lea como sigue:
Artículo 10- bis Principios fundamentales
Además de los principios fundamentales del artículo anterior, el funcionario policial actuará conforme a los principios de legalidad, probidad, necesidad, proporcionalidad, racionalidad y de uso de la fuerza, de conformidad con lo que se establece en el artículo dos del Reglamento sobre el uso de la fuerza e intervenciones policiales.
 Artículo 17º-Faltas graves
Se considerarán faltas graves, sin perjuicio de otras disposiciones de esta Ley, aun cuando no configuren delito, la subordinación de los jerarcas o los miembros de este cuerpo de policía a órdenes o instrucciones de gobiernos o entidades extranjeras, así como la aceptación de cualquier promesa o beneficio susceptible de apreciación pecuniaria, ya sea por el ejercicio de sus funciones o con ocasión de este servicio, por parte de cualquier persona física o jurídica que no sea el Estado costarricense. Por estas faltas y previa audiencia, los infractores serán sancionados con despido inmediato.
 Cualquier acción que revista dentro de las causales del artículo 338 de código penal, cuando sea debidamente demostrada la culpabilidad del autor.
Artículo 3. Modifíquese los artículos, 19, 20, 21, 22 y 28 de la ley de armas y explosivos y su reglamento Nº 7530 del 12 de Setiembre del 2013, para que se lean como se presentan a continuación:
Adiciónese un nuevo artículo 19 a la ley de armas y explosivos Nº 7530, del 12 de Setiembre del 2013 y sus reformas, corriéndose la numeración según corresponda, para que se lea como sigue:
Artículo 19 bis – tipos de armas menos letales Se considera arma menos letal, según los parámetros del Programa de Seguridad Pública del Centro Regional de las Naciones Unidas para la Paz, el Desarme y el Desarrollo en América Latina y el Caribe y los Principios Básicos de las Naciones Unidas sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego por los Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley.
Se considera arma menos letal (AML) como aquellos dispositivos diseñados para generar un efecto específico e intermedio que permita neutralizar o incapacitar temporalmente objetivos en situaciones de riesgo medio , reduciendo la probabilidad de una fatalidad.


Los conceptos “no letales”, “preletales” e “incapacitantes” son utilizados para referirse a dispositivos que buscan incapacitar y cuyo objetivo principal no es causar la muerte del destinatario del impacto.
Las armas menos letales, se clasificarán según su tipo de la siguiente manera:
A. De energía cinética: Procuran influir en el comportamiento generando incomodidad física o dolor mediante el impacto no punzante o perforante de la munición. A saber Municiones: proyectiles de goma, sacos rellenos, balas de plástico, de plano aerodinámico, rellenas de pintura, gel, CS, CN u OC, entre otros. -Dispositivos de impacto: porras, bastones policiales u otras armas diseñadas para golpear. Existen distintos dispositivos de lanzamiento como cañones de agua, humo o aire.
 B. Eléctricas: Utilizan una descarga eléctrica para anular el sistema nervioso central y provocar una contracción involuntaria del tejido muscular. A saber: Taser, bastones paralizantes, picanas, armas eléctricas inalámbricas, escudos eléctricos.
C. Energía dirigida o lumínica: Utilizan rayos láser u otros haces de energía lumínica para causar problemas de visión y desorientación. En el caso de las granadas de aturdimiento (flash o stun), también producen un fuerte sonido al detonar. A saber: Dispositivos de rayos LASER de alta energía y granadas de aturdimiento (flash o stun), entre otros.
D. Químicas: Utilizan las propiedades tóxicas de las sustancias químicas para incapacitar con carácter temporal. Dependiendo del tipo de agente químico que contengan, tendrán un efecto distinto: asfixiante, paralizante, lacrimógeno o irritante, entre otros. A saber: Utilizan sustancias químicas como gas pimienta, gas lacrimógeno, bombas de peste, materiales anti tracción.
E. Acústicas o sónicas: Utilizan la tecnología de sonido audible para entregar mensajes de advertencia, tales como discursos, grabaciones o tonos de aviso. Existen AML infra sónicas, sónicas y ultrasónicas, con alcance y efectos diferenciados. A saber: Dispositivos que aturden a través de una transmisión de sonido a cierto nivel de decibeles.
F. Bioquímicas: Generalmente son utilizadas para la detención de animales salvajes, producen, de manera inmediata, un efecto analgésico incapacitante. A saber: Calmantes, convulsionantes, incapacitantes.
G. Electromagnéticas: Utilizan la emisión de ondas electromagnéticas y pueden tener efectos sobre los seres humanos o sobre las infraestructuras (inhabilitación de sistemas y redes de comunicaciones). A saber: RF Jamming, inhibidoras de frecuencia de radio y celular (dispositivos RF)
H. Neumáticas: Utilizan como fuerza impulsora del proyectil la originada por la expansión de un gas comprimido. Son denominadas también de aire comprimido o airsoft. Según su funcionamiento, se distinguen entre mecánicas, con motor eléctrico o aquellas que emplean CO2. A saber: Marcadoras que utilizan proyectiles de caucho, polvo inerte, gas pimienta, pintura, entre otros.
I. Tecnologías combinadas: Integran dos o más tipos tecnologías al combinar energía cinética, lumínica, sónica, química, acústica, entre otras. En el campo de las AML el desarrollo tecnológico es continuo por lo que la aparición de nuevos dispositivos con tecnología combinada, es una  constante. A saber: Municiones traumatizantes, dispositivos químicos y cinéticos de dispersión, dispositivos químicos y ópticos de dispersión.
Agrupación de las armas menos letales:
 • Anti-personales: diseñados para impedir o forzar una conducta, como por ejemplo Tasers o gas pimienta.
• Anti-movilidad: diseñadas para prevenir que un vehículo se desplace, como por ejemplo geles deslizantes.
 • Anti-infraestructura: diseñados para atacar sistemas enteros de comunicaciones o tránsito masivo, como por ejemplo inhibidores de señal de telefonía móvil.
• Denegadoras de área: diseñadas para proteger áreas o espacios de intrusiones no autorizadas, como por ejemplo el gas lacrimógeno. Utilidad de las armas menos letales
• Portable: de fácil portación, transporte y almacenamiento.
• Discriminatorio o selectivo: con capacidad de aislar un blanco determinado.
• Efectos instantáneos: el lapso de acción deber ser inferior a los 3 segundos (demora cognitiva de un humano en procesar un estímulo).
• Reversible: sus efectos no deben ser permanentes.
 • Segura: para quien la acciona y para quien sufre el efecto de la misma.
• Respetuosa con el medio ambiente: no altera irremediablemente las condiciones del contexto.
 Adiciónese un nuevo artículo 20 a la ley de armas y explosivos Nº 7530, del 12 de Setiembre del 2013 y sus reformas, corriéndose la numeración según corresponda, para que se lea como sigue:
Artículo 20 bis- Armas menos letales permitidas: Se permite el uso de aquellas armas menos letales, siempre que no calcen dentro de la clasificación del artículo 25 de esta ley.
Adiciónese un nuevo inciso al artículo 22 de la ley de armas y explosivos Nº 7530, del 12 de Setiembre del 2013 y sus reformas, corriéndose la numeración según corresponda, para que se lea como sigue:
Artículo 22 inciso d) Siempre que no estén en la clasificación del artículo 25 de esta ley, las personas físicas podrán portar y poseer armas menos letales siempre que cumplan con los siguientes requisitos:
1. La persona poseedora o portadora del arma menos letal no registra antecedentes penales o policiales.
2. La persona poseedora o portadora del arma menos letal no se encuentra acompañada en el mismo vehículo de persona (s) con antecedentes penales o policiales.
 3. La persona poseedora o portadora del arma menos letal no se encuentra bajo los efectos del licor o de drogas ilícitas.
4. La portación o posesión del arma menos letal no se produce dentro de bares y en eventos de concentración masiva de personas.
Adiciónese un nuevo artículo 24 a la ley de armas y explosivos Nº 7530, del 12 de Setiembre del 2013 y sus reformas, corriéndose la numeración según corresponda, para que se lea como sigue:
Artículo 24 bis.- Las armas menos letales, no requieren inscripción, pero su portación y posesión, queda sujeta a los parámetros establecidos en el artículo 22 de esta ley, así mismo, el portador o poseedor, deberá demostrar a la autoridad competente la legalidad de la adquisición de dichas armas por medio legal idóneo.
 Adiciónese un nuevo artículo 25 a la ley de armas y explosivos Nº 7530, del 12 de Setiembre del 2013 y sus reformas, corriéndose la numeración según corresponda, para que se lea como sigue:
Artículo 25 bis.- Armas menos letales prohibidas
1- Todas aquellas que por su fabricación, efectos y lesiones asociadas, estén dentro de los parámetros del artículo 25 de esta ley.
2- Las armas menos letales cuya fabricación, diseño y características sean iguales o similares a un arma de fuego en los casos donde el portador o poseedor incurra en los parámetros del artículo 22 inciso d), de esta ley, y deberán además, cumplir con lo establecido en el artículo 24 bis de la presente ley.
Artículo 28.- Armas de reglamento.
Por su fácil manejo, mayor precisión, seguridad y confiabilidad, en funciones normales de policía, se establece, como arma corta de reglamento de la policía, el revólver de calibre treinta y ocho especial.
O bien, según las características de las funciones policiales y la proporcionalidad de las actuaciones, la pistola semiautomática nueve milímetros o calibre cuarenta y cinco.
Además, podrá incluirse dentro del aditamento policial, el uso de armas menos letales como la pistola tipo taser o arma de electrochoque con no más de 1200 voltios con el contacto humano, previa autorización del ministro de ramo y del presidente de la República para facilitar las intervenciones policiales y minimizar el uso de armas de fuego.
No obstante, los oficiales con grado y los demás servidores de las diversas policías adiestrados en su manejo y según lo amerite el servicio, el caso o la situación, podrán usar, con ese mismo carácter, la pistola semiautomática de nueve milímetros o de calibre cuarenta y cinco, por orden del Ministro de Seguridad Pública.
Se designa "arma orgánica" de la Fuerza Pública, el fusil con selector de fuego, de calibre cinco coma cincuenta y seis milímetros.
Según casos excepcionales, el Poder Ejecutivo podrá autorizar, mediante reglamento, a las autoridades indicadas que usen, en el ejercicio de sus funciones, las armas prohibidas clasificadas en el artículo 25 de esta ley. Según el tipo de operación policial.
Asimismo, pueden utilizar las demás armas del Arsenal cuando así lo disponga el Presidente de la República para ocasiones especiales, adiestramiento policial o prácticas de orden cerrado o para la defensa de la soberanía nacional, así como en distintas operaciones de alto riesgo.
Reglamento sobre el uso de la fuerza e intervenciones policiales
La mayoría de las actividades relacionadas con la función policial no requieren el uso de la fuerza, pero puede ser necesario y lícito recurrir a cierto grado de fuerza, o amenazar con su uso, para alcanzar un objetivo policial legítimo, como por ejemplo: aprehensiones, prevención de delitos y gestión de incidentes de desorden público, su aplicación deberá realizarse en el marco de los derechos humanos, garantizando entre otras cosas la no discriminación y de carácter apolítico.
El presente reglamento, entra en rigor en consonancia con instrumentos universales y regionales de derechos humanos, contiene garantías individuales y protecciones a los distintos bienes jurídicos, con la consagración específica del interés general sobre el particular.
Una cuestión subyacente es la definición de fuerza legítima: el personal policial debe evaluar rápidamente la naturaleza del peligro y el grado de la amenaza planteada para elegir la manera más adecuada de abordarlo causando el mínimo daño posible.
 La respuesta de la policía debe ser legítima, necesaria y proporcionada.
 Los organismos policiales, así como los agentes a título individual, pueden ser obligados a rendir cuentas de sus actos, y deberán demostrar que la fuerza empleada fue necesaria y proporcionada, habida cuenta de la información o inteligencia disponible, que consideraron que era digna de crédito.


Se pretende que el personal policial que deba recurrir al legítimo uso de la fuerza con motivo del servicio encuentre en este reglamento expresos parámetros de justificación, de manera a dejar a salvo su responsabilidad en los casos en que su proceder resulte cuestionado, toda vez que se hubiese ajustado al mismo.
Para la Fuerza Pública resulta necesario contar con el presente reglamento, que contiene parámetros escritos sobre las políticas y procedimientos de actuación policial, determinando las prioridades respecto del rol de la función policial, los límites de autoridad y el uso de la fuerza. De igual modo, constituyen mecanismos importantes para realizar el informe correspondiente sobre el uso de la fuerza, orientado esencialmente a la transparencia de la actuación.
 Artículo 1. La fuerza Pública de Costa Rica, tiene su competencia legal en garantizar la seguridad pública, sin perjuicio de lo estipulado en el título IV de la Ley General de Policía. Al Presidente de la República y al ministro de ramo, les corresponde garantizar el orden, la defensa, la seguridad de País, así como las que aseguren la tranquilidad y el libre disfrute de las libertades públicas.
Artículo 2. Principios para el uso de la fuerza: Teniendo en cuenta la misión institucional, el uso de la fuerza por parte de la Fuerza Pública estará en marcado, además de los principios enmarcados en el artículo 10 de la Ley General de Policía, en los siguientes principios:
1. Principio de Necesidad: El personal uniformado y el personal que por motivo propio de sus funciones revista el carácter de civil, de la Fuerza Pública en el ejercicio de sus funciones, utilizarán en la medida de lo posible medios preventivos y disuasivos antes de recurrir al uso de la fuerza y de armas de fuego. Podrán utilizar la fuerza y armas de fuego solamente cuando los demás medios resulten ineficaces o no garanticen de ninguna manera el logro del resultado previsto.
 2. Principio de Legalidad: Al hacer uso de la fuerza debe cumplirse con las leyes y normas adoptadas por el estado costarricense y la reglamentación y disposiciones institucionales. De conformidad con el artículo 11 de la Constitución Política y artículo 11 de la Ley General de Administración Pública.
3. Principio de Proporcionalidad: El personal uniformado de la Fuera Publica y el personal que por motivo propio de sus funciones revista el carácter de civil, al hacer uso de la fuerza, armas, municiones, elementos dispositivos menos letales y armas de fuego, debe hacerlo de manera moderada y actuar en proporción a la gravedad de la amenaza y el objetivo legítimo que se quiere lograr, escogiendo entre los medios eficaces, aquellos que causen menor daño a la integridad de las personas y sus bienes.
4. Principio de Racionalidad: Es la capacidad de decidir cuál es el nivel de fuerza que se debe aplicar según el escenario al que se enfrenta, de acuerdo con las leyes y normas vigentes.


Artículo 3. Conceptos
a. Uso de la Fuerza. Es el medio material, necesario, proporcional y racional empleado por el personal uniformado y el personal que por motivo propio de sus funciones revista el carácter de civil, de la Fuerza Pública, como último recurso físico para proteger la vida e integridad física de las personas incluida la de ellos mismos, sin mandamiento previo y escrito, para prevenir, impedir o superar la amenaza o perturbación de la convivencia y la seguridad pública, de conformidad con la ley.
b. Uso de fuerza letal: Cualquier uso de fuerza susceptible de causar la muerte
c. Uso de fuerza No Letal: Todo uso de fuerza diferente de la que se considere letal.
d. Lesiones:  de conformidad con lo que establecen los artículos 123, 123 bis, 124 y 125 del código penal y sus reformas
e. COMPORTAMIENTO AGRESIVO: Actitud mostrada por un individuo que transmite, con palabra o acto, un peligro de violencia o resistencia a una autoridad legal o a una tercera persona sin calificativos.
f. COMPORTAMIENTO COMBATIVO: Acciones mostradas por un individuo que está activamente combatiendo a un policía u otra persona.
g. CONTROL: Medidas físicas utilizadas por el personal policial para vencer la resistencia, contrarrestar el comportamiento agresivo o combativo, o evitar la huida mientras se efectúa la aprehensión o detención.
h. ARMAS DE IMPACTO: Armas diseñadas para establecer el control sobre un adversario por medio del impacto.
i. TÉCNICAS DE INCAPACITACIÓN: Métodos de control que sirven para dejar a un individuo temporalmente deshabilitado.
 j. TÉCNICAS DE CONFORMIDAD: Técnicas que obligan a un sujeto a cumplir las instrucciones legales del personal policial, a través de la aplicación de presión controlada o suave en áreas específicas del cuerpo.
 k. HERRAMIENTAS MECÁNICAS: Herramientas de tipo mecánico como las esposas, usadas para restringir el movimiento del sujeto y para facilitar el registro.
l. TÉCNICAS DISEÑADAS PARA DERRIBAR: Técnicas que tienen como objetivo derribar a un sujeto agresivo o combativo, con el fin de limitar la resistencia física y facilitar la instalación de una herramienta mecánica.


Artículo 4.- Niveles de resistencia a la autoridad
Los niveles de resistencia que puede enfrentar el policía de menor a mayor gravedad son:
1. Actitud negativa: Puede tratarse de respuestas verbales en contra de la acción policial. También incluye expresiones no verbales que son manifestadas mediante la actitud de la persona y su apariencia. Estas expresiones no verbales normalmente se presentan mediante el lenguaje corporal de la persona, lo cual puede influir en la decisión de cómo acercarse o qué nivel de fuerza utilizar. Estas acciones no verbales normalmente advierten sobre una posible agresión por parte de la persona, aun cuando ésta no haya hecho ninguna amenaza verbal.
2. - Desobediencia verbal: Son respuestas verbales que indican resistencia de la persona a obedecer alguna orden. Una persona tiene el derecho de protestar de manera verbal contra la autoridad. Como regla general, las manifestaciones dirigidas a la autoridad están legalmente autorizadas. Sin embargo, las amenazas y los insultos no son legales. La respuesta apropiada a esta situación va a depender de los factores específicos que se presenten. La decisión para determinar el nivel de fuerza a utilizar dependerá en parte de la percepción que el policía tenga de la amenaza y la aparente disposición de la persona por llevarla a cabo. Un factor adicional que debe considerar el policía es el conocimiento que tenga sobre su capacidad para manejar la amenaza o insultos que se presenten.
3. - Resistencia pasiva: Son acciones físicas que no están orientadas contra la acción policial. En este nivel el sujeto nunca hace el intento de dominar físicamente las acciones llevadas a cabo para controlarlo. La resistencia pasiva es usualmente la postura de relajación o de “peso muerto” que dificulta el control.
 4. - Resistencia defensiva: Son acciones físicas orientadas contra la acción policial, pero que no están dirigidas a dañar al policía. En este nivel de resistencia la persona empuja o jala de manera que no deja que se establezca un control. Sin embargo, nunca intenta golpear directamente.
 5. - Agresión activa: Es cuando la persona ataca, golpea o usa alguna técnica que puede resultar en lesiones contra el policía u otras personas.
6. - Agresión activa grave: Son ataques directos contra el policía o contra alguna otra persona que pueden causar lesiones graves o la muerte.

 Artículo 5.- OTROS FACTORES QUE PUEDEN AFECTAR EL USO DE LA FUERZA:
 No solamente el nivel de resistencia o amenaza dirigida al personal policial puede afectar el nivel de fuerza objetivamente razonable, sino también otros factores. Estos pueden ser, pero no se limitan a:

 1. La edad: Los sujetos jóvenes pueden tener más energía y fuerza. Así también, los policías más antiguos pueden tener menos energía y fuerza.
2. El género: Un sujeto del sexo masculino generalmente tendrá más fuerza que otro del sexo femenino.
3. El tamaño: los atributos físicos y el tamaño deben ser considerados.
4. Nivel de destreza: habilidades conocidas o sospechadas del sujeto para la lucha. Las habilidades para el uso de la fuerza del personal policial,  también deben ser consideradas.
5. Varios sujetos: El personal policial se encontrará en gran desventaja al enfrentarse con varios sujetos, especialmente si ofrecen resistencia.

 Artículo 6.- FACTORES QUE PUEDEN INCREMENTAR EL NIVEL DE USO DE LA FUERZA:
1. Conocimientos especiales: Información que el policía tenga sobre el sujeto, tal como sus antecedentes, inclinación a usar armas o conocimientos de artes marciales, boxeo o similares.
2. Heridas o cansancio: Cuando el policía se encuentra lastimado o exhausto durante una confrontación.
3. Cercanía al arma del policía: Intentos de desarmar a un policía son considerados como ataques letales.
4. Armas/opciones disponibles: El sujeto puede poseer armas, o tenerlas disponibles cerca o en el área. Los policías pueden tener un uso limitado de herramientas de fuerza u opciones tácticas seguras.

 Artículo 7.- USO DE ESPOSAS:
El propósito primordial de esposar a una persona aprehendida o detenida es mantenerla controlada y minimizar la posibilidad de que la situación se agrave hasta el punto que requieran medidas más drásticas de restricción.
Los factores que el personal policial debe considerar para tomar la decisión de esposar a las personas detenidas incluyen, pero no están limitados, a:
1. La posibilidad de escape de la persona detenida;
2. La posibilidad de que el incidente se agrave;
3. Que constituya un peligro potencial para el personal policial u otras personas, incluyendo la posibilidad de causarse daño a sí misma; y
4. El conocimiento previo de agresividad de la persona aprehendida.
Por lo tanto, cualquier decisión de no esposar a una persona detenida o aprehendida tiene que basarse en hechos específicos.
Artículo 8.- Sobre el registro e inspección de personas, vehículos y recintos
a. Personas: El registro de personas se hará conforme al ordenamiento jurídico según el artículo 189 del código procesal penal
 b. Vehículos: El registro de vehículos se hará conforme al ordenamiento jurídico según el artículo 190 del código procesal penal
c. Recintos: Se hará de acuerdo con la facultad de allanamiento según sea el caso de conformidad con el ordenamiento jurídico.
Artículo 9.- ARMAS Y MUNICIONES AUTORIZADAS (LETAL Y MENOS LETAL):
El personal policial portará el arma de reglamento (según se estipule en el artículo 28 de la ley de armas y explosivos Nº7530 del 17 de Octubre del 2013 y de conformidad con la ley general de policía Nº 7410 y sus reformas del 09 de Mayo de 1994), con sus municiones que hayan sido autorizados por el titular de la dependencia operativa al que pertenece.
Para portar el arma, el personal debe haber recibido previamente el entrenamiento correspondiente y mantener vigente la certificación de competencia para su uso.
 El armamento se deberá portar en la forma autorizada, utilizándose sólo el equipo o los accesorios autorizados.
 Artículo 10.- DISPAROS DE ADVERTENCIA:
Los disparos de advertencia son potencialmente letales para terceros, por lo que resultan inapropiados para cualquier nivel de resistencia. Sin embargo, se podrá hacer uso de este recurso bajo los parámetros de razonabilidad, proporcionalidad y necesidad, en casos donde exista un eminente peligro para la vida del oficial, de terceros o del mismo agresor.
Artículo 11.- INFORME SOBRE EL USO DE LA FUERZA:
 Cada vez que un personal policial usa la fuerza (letal o no letal), o cada vez que desenfunda un arma de fuego con intención de utilizarla, deberá informar inmediatamente a su superior, así como entregar un informe escrito sobre el uso de la fuerza. El informe incluye cualquier caso en el cual el personal policial dispare un arma de fuego (por accidente o intencionalmente), a excepción de los casos de entrenamiento en el uso de armas de fuego.

Artículo 12.- Actualizaciones y adiestramiento
 Los cuerpos policiales adscritos al Ministerio de Seguridad Publica, deberán realizar bajo supervisión de los superiores y de la Academia Nacional de Policía, exámenes técnico prácticos de adiestramiento táctico en el uso y manejo de armas de fuego y menos letales, con un mínimo de cuatro veces al año, así como adiestramiento en acondicionamiento físico y defensa personal orientados a intervenciones policiales en sus distintos niveles, al menos cuatro veces por año y técnicas de primeros auxilios al menos dos veces al año.
Rige a partir de su publicación.
Licenciado Alexander Cubillo Álvarez
Cedula 1-1408-0824
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Martín Eduardo Montiel RobinsonSan José07/09/2020 12:52
Buenas tardes Señor@s Diputad@s, muy respetuosamente les saludo y les escribo nuevamente.  Como saben, hay una gran cantidad de desempleados desde antes de la Pandemia, muchos con edades superior a los 45 años, lo que nos limita aún más el poder conseguir empleo nuevamente y, no nos permite acceder a nuestras Pensiones por falta de edad. .. Por eso, he sugerido en varias ocasiones, que se haga la entrega del ROP a todos los desempleados.  Mi sugerencia es, que se entregue el 50% en un primer tracto (esto le permitiría a muchos iniciar un emprendimiento). Posteriormente, entregar el monto restante en 12 cuotas mensuales iguales. Esto le daría una entrada fija a la gente, para poder cubrir algunas necesidades básicas como alimentación y servicios públicos... Sé que ya está pronta la aprobación del proyecto 21.309, que me parece bien, pero éste solo beneficia a los adultos mayores pensionados y próximos a pensionarse....  Por favor, hagan un esfuerzo para ayudar con nuestros ahorros del ROP a todos los desempleados... Muchos han dejado sus viviendas donde alquilaban, otros casi no tienen que comer diariamente. Hay gente pasándola muy mal.!!!! Muchas gracias por su atención 😊 Bendiciones 🙏🏾.
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Luis Carlos Fernandez VillalobosSan José06/09/2020 18:32
Srs Diputados , en la actualidad no hay coordinación entre instituciones publicas , cobran o imponen , sin importar lo que otras instituciones ya tienen para cobros por leyes y reglamentos, es indispensable un proyecto de ley para la creación de del índice de carga acumulada de impuestos por mes y obligaciones  de instituciones  por seguros, Dicho índice toma en cuenta para todos los tributantes físicos la sumatoria de los impuestos territorial, capital, municipales de limpieza , iluminacion, policia, 911 , cruz roja, marchamo, cuotas de la CCSS, INS seguros riesgos del trabajo, servicios con iva,etc.
Asi como hay un salario mínimo, debe existir un monto máximo de cargas para proteger la capacidad de pago y bienestar del ciudadano.
Los cobros entre el ingreso promedio no debe ser mayor al 20%  para poder optar a gastos de sustento, estudios , medicos , esparcimiento y  combustible para transporte.
Actualmente esta llegando a mas del  60% porque no hay freno en este sentido a la avalancha de imposiciones  de cada institución , sin pensar en la posibilidades de los ciudadanos, solo les importa mantener la administración sin  respaldo de si el ciudadano es capaz de cumplir.
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José Hernández ChavesSan José03/09/2020 21:01
Vehículos de Movilidad Personal Eléctricos.

Hola a todos. Soy usuario de los conocidos "scooters eléctricos" que en algunos países de Europa está en auge.
Ya tenemos el Plan Nacional de Transporte Eléctrico, y con esto varios y mi persona queremos que se nos escuche o
que por lo menos se puedan regular como vehículo eléctrico, ya que en la Ley de Tránsito 9078,
en el Artículo 124.- Patinetas y otros, se expresa que están prohibidos.
Para este tema propongo que no circulen en carreras de más de 60km/h.
También incluirse en artículos como el 118 y 119 para el correcto uso del mismo.
En España por ejemplo está en proceso la elaboración de una normativa para estos
vehículos para que sean tomados en cuenta para el uso de transportarse.

Muchas gracias por su atención.
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Jerry rostran martinez Alajuela02/09/2020 19:53
Disculpen señores diputados , pero serian tan amables de revisar esa ley de trabajo
Del libre despido , 85d es una verdadera varrera ,un muro que an puesto a sector  umilde
Y trabajadora del pais , xque? Los despidos bajo esta ley la gran mayoria son injustos x patrones
Llenos de discriminaciones que asus hojos no lo ven pero lo hay lo vivimos dia a dia y gracias a esa ley no podemos desenfernos
Xque hay una varrera llamada ley 85d, solo xwue le dan derecho al patron de pagar no es escusa para perder el trabajo
Sin explicacion alguna es injusto  nadie sabe como un patron atropella los derechos de uno y asi le dan el poder
Para poder despedirlo xque talves uno no es un borracho o mujeriego y muxo , xque no comoartimos los mismos ideologias
,, y muxas otras pero el señor que hiso esa ley no sabe la varrera que nos puso fui y no me aceptaron la demanda gracias a esa ley
Nni siquiera se me tomo mi palabra nada solo ven la ley y hay frena todo xque ? Xque no podemos desenfendernos
No tenomos derecho a ser polomenos eschuchados .. pero bueno ojala que de verdad dejen de pensar en los ricos aqui estamos tambien los ...
Gracias y disculpen pero hay muxo que actualizar y trabajor para el pueblo ,
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Angie Chavarría ChacónSan José02/09/2020 19:12EditarNo
Allan Vargas SanchezSan José02/09/2020 13:41
debido a la pandemia del Covid-19, me parece importante promulgar una ley de moratoria o no aplicacion de las sanciones tributarias
esto por cuanto ya en estos momentos economicamente es muy dificil para las empresas y los negocios, tener que cargar con esta carga tributaria.
o suspender cualquier acto de sancion generado a partir del marzo, fecha en que estamos con la pandemia,
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Christopher Stephenson PeñarandaSan José28/08/2020 11:45
La  propuesta es generar una ley o reglamento que regule la tenencia de mascotas en los hogares,   pero muy específicamente  a los perros, no es posible que los vecinos simplemente tenga entre 1 a 4 perros por casa, ladrando día y noche, afectando a las demás personas, ( en los barrios hay personas enfermas, adultas, ahora con el teletrabajo es peor el asunto)  es una contaminación sónica barbara....  No puede ser que  este a la libre  ese grandísimo problema nacional...sin mencionar los malos olores, entre otras.  
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Walter Sánchez Cartago26/08/2020 17:55
Deseo proponer una ley que regule la actividad de las empresas dedicadas al control de Plagas urbanas y desinfección. No conozco los procedimientos para proponer una ley ni conozco la estructura que debe de tener, este gremio es regulado por un decreto ejecutivo donde no se tomó en cuenta a los actores por lo que existen muchos vacíos o regulación innecesaria. Gracias.
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ALEJANDRO LOPEZ RIOSSan José24/08/2020 17:25
Creación del INFOSOL ( Instituto Fomento Solidarista) con los mismos impuestos que las solidaristas pagan al estado esto bajo los articulos


ARTICULO 3º.-Podrán constituirse asociaciones solidaristas como organizaciones sociales idóneas para el cumplimiento de los fines señalados en esta ley, en beneficio de los trabajadores de regímenes de empleo tanto público como privado.  Ley 6970

ARTICULO 6º.-El Estado procurará el fortalecimiento y desarrollo de las asociaciones solidaristas.  Ley 6970

Artículo 64.-El Estado fomentará la creación de cooperativas como medio para facilitar mejores condiciones de vida de los trabajadores. Asimismo, procurará el desarrollo del solidarismo como instrumento de crecimiento económico y social de los trabajadores, tanto en el sector privado como en el sector público.  Asimismo, reconocerá el derecho de patronos y trabajadores a organizarse libremente en asociaciones solidaristas, con el fin de obtener mejores condiciones de vida y desarrollo económico y social.  Constitución Política de Costa Rica

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Juan Carlos Castro LoríaSan José20/08/2020 11:28
jjjjjjj
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Francisco Córdoba Solis San José18/08/2020 18:01
RRespecto de la restricción vehicular, propongo que se circule 4 dias a la semana independientemente del color de la zona y el horario, que sabados y domingos se circule sin importar el numero de placa mas dos días entre semana 
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Raul Guillermo Silva HernandezSan José17/08/2020 11:15
Mi propuesta es que den mayor visibilidad al proyecto Expediente N.º 21.309. Muchos estamos pendintes de esta resolucion para tomar decisiones. En mi caso pesonal, una vez que esto se resuelva me pensionare. Como se puede realizar esto?
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Giovanni Gómez DuránSan José13/08/2020 12:01
SOBRE REFORMAS AL REGLAMENTO IVM. Considero que la edad de jubilación en el actual de 2005 y su reforma del 2016 es suficiente, la cantidad de cuotas para pensionarse son abusivas, LA ÚNICA FORMA DE HACER QUE PUEDA SER SOSTENIBLE EN EL TIEMPO DICHO RÉGIMEN,  CONSISTE EN Hacer QUE EL GOBIERNO DE COSTA RICA PAGUE LOS BILLONES QUE LE DEBE A CCSS Y SIGA ENVIANDO OPORTUNAMENTE LA TOTALIDAD DE DINERO QUE NOS REBAJA A TODOS LOS EMPLEADOS PÚBLICOS. CON SOLO QUE SE OBLIGUE AL GOBIERNO A SER RESPONSABLE EN SUS PAGOS Y NO USE LA CCSS COMO CAJA CHICA ES SUFICIENTE, NO ES NECESARIOS QUE SIGAMOS LOS TRABAJADORES PAGANDO POR LOS DESPILFAROS Y MALA ADMINISTRACIÓN DE FONDOS DEL GOBIERNO. para cualquier ayuda de orden social en Costa Rica, solo es necesario dejar a los partidos políticos con un 15 % de lo que se les da actualmente para que malgasten, y se use el resto en todo lo necesario (atender pandemías, ayudar a los indigentes, a los ancianos, y seguir ayudando sin restricción a los extranjeros, pues con las condiciones que ingresan al país, las comodidades que se les dan, y la inoperancía de la ley de migración, seguirán llegando por miles.  
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Giovanni Gómez DuránSan José13/08/2020 10:49
Con la reforma 21309, tal y como está planteada se perdió el espíritu de la acción a tutelar con justicia social el dinero  del ROP, que era, parar la odiosa discriminación que tiene la actual ley. La actual reforma propuesta continúa permitiendo esa odiosa discriminación, debido a que solo permite el retiro en un tiempo razonable a los pensionados actuales y a los que se pensionen antes del 1 de enero del 2021, dejando en iguales o peores condiciones al resto, con lo cual se violentan los artículos 33-50-74 de la Constitución Política de Costa Rica, y convenios de OIT,relacionados con la igualdad ante la ley y el adecuado reparto de la riqueza, violentando el principio de irenunciabilidad del derecho que todos tenemos. Denota tal actitud de los legisladores, que efectivamente, la mencionada ley desde su inicio, fue planteada para financiar al gobierno y  favorecer la banca nacional e internacional, no al trabajador, siendo por ello una injusticia social, legalmente establecida en un país que se jacta de ser democrático y defender los derechos de las mayorías.
Para ello, los banqueros, superintendentes de pensiones, directores ejecutivos de instituciones beneficiadas  (ccss, regímenes de pensiones,etc), con la complicidad de los medios de comunicación han creado un clima de miedo, diciendo que desprotegerian a los ancianos. (oooh, hasta ahora quiere el gobierno defender a sus ciudadanos, hasta que están viejos y con algo de dinero ahorrado), pretenden esquilar a los mayores. La pensión debe ser responsabilidad de un solo ente estatal, cobrar, administrar y otorgar, en igualdad de condiciones, por ello debe eliminarse el tal  régimen Obligatorio de Pensiones, y permitir que ese dinero sea ahorrado por los trabajadores, que deben elegir un ente no gubernamental para que les administre ese dinero. PUES ESTA DEMOSTRADO QUE EL ESTADO ES UN MAL ADMINISTRADOR, AQUÍ Y EN TODO EL MUNDO, PUES SE POLITIZA TODO.  DONDE SE PRIVATIZAN LAS GANANCIAS Y SE SOCIABILISAN LAS PERDIDAS. Por eso los regimenes parlamentarios son una inadecuada forma de gobierno, y eso lo sabían desde años los griegos. EJEMPLO DE COMO DAÑARÁN MI CALIDAD DE VIDA. Me pensiono en diez meses, pero debo 18 millones a los BAnqueros, (Banco Popular), que estperaba pagar con el ROP para tener mi resto de vida libre de deudas, ya que por vida he trabajado a medias con los Banqueros, y ahora estos no permiten que me den un dinero que deporsiiba a parar donde ellos. Los 23 millones que tengo en ROP, se me dará en cuotas de polaco que no me permitirán cumplir otras metas,  y se le dará el resto a familiares, a los cuales ya Yo les dí la vida, que es lo único que ocupan para hacer ellos su propia forma de vivir. INJUSTO HACERLE ESO A LAS PERSONAS MAYORES, A LAS QUE EN OTRAS CULTURAS SI SE LES RESPETA Y SE LES DA LO MEJOR, PUES DIERON LO MEJOR, PARA BENEFICIO LOS QUE QUEDAN. AHHH. si dejo de pagar al banco con el fruto de mi pensión IVM, a mi si me dicen que soy un ladrÓn. EL MUNDO ESTÁ AL REVES, NO CREEN. Ustedes, señores diputados, pueden hacer algo antes de que mueran, pues ustedes en la tumba tendrán el mismo valor que yo.
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ALEJANDRO LOPEZ RIOSSan José13/08/2020 9:15
Muy buenos días señores como se encuentran, les escribo ya que no tengo conocimiento del proceso en el cual estamos varios ciudadanos que trabajamos para el sector solidarista de Costa Rica y sumamente anuentes a colaborar con esta iniciativa que les voy a comentar.

Ley 8491  es una ley que nos permite modificar o promover nuevas leyes para Costa Rica.   Esto incluidos los artículos:

ARTICULO 3º.-Podrán constituirse asociaciones solidaristas como organizaciones sociales idóneas para el cumplimiento de los fines señalados en esta ley, en beneficio de los trabajadores de regímenes de empleo tanto público como privado.  Ley 6970

ARTICULO 6º.-El Estado procurará el fortalecimiento y desarrollo de las asociaciones solidaristas.  Ley 6970

Artículo 64.-El Estado fomentará la creación de cooperativas como medio para facilitar mejores condiciones de vida de los trabajadores. Asimismo, procurará el desarrollo del solidarismo como instrumento de crecimiento económico y social de los trabajadores, tanto en el sector privado como en el sector público.  Asimismo, reconocerá el derecho de patronos y trabajadores a organizarse libremente en asociaciones solidaristas, con el fin de obtener mejores condiciones de vida y desarrollo económico y social.  Constitución Política de Costa Rica

Ley N.º 8952, Reforma del artículo 64 de la Constitución Política de la República de Costa Rica. Esta iniciativa presentada por diputadas y diputados de varias fracciones políticas, fue estudiada y discutida bajo el expediente 16.680. Se aprobó el 17 de mayo de 2011. Esta Ley adiciona dentro del artículo 64 de la Constitución Política, la obligación del Estado de fomentar la creación de Asociaciones Solidaristas como instrumento de crecimiento económico y social de los trabajadores, tanto en el sector privado como en el sector público.


Debido a estos artículos , los cuales evidentemente no se cumplen ya que solo exiten 1400 asociaciones solidaristas, es decir únicamente un 3% de las empresas (publicas y privadas) tienen asociación.    El solidarismo es un producto 100% costarricense, autóctono, debe de ser de exportación y Costa Rica debe de conocerse mundialmente no solo por ser un país verde, si no un país SOLIDARISTA.  


Después del pre-ámbulo que les he comentado, un grupo de gerentes, administradores, contadores y en general profesionales que están involucrados tenemos la iniciativa cuidadana solidarista con el fin de generar  El Instituto de Fomento Solidarista ( INFOSOL) con el fin de generar un sólo organo representativo del sector en Costa Rica, y éste instituto tendrá sustento económico de los mismos impuestos que se recaudan del sector solidarista según la Ley 9635. 

Por tanto estamos trabajando en una ley paralela a la ley 6970 con los cambios que consideramos se requieren para hacer este instituto e inclusive pueda exportar solidarismo.  Muchos países de Centroamerica tienen esta figura, Mexico está incursionando así como Puerto Rico y otros países; nuestro país marca Essencial puede ser plataforma mundial y dar a conocer este gran logro de Don Alberto Martén, como lo es de reconocido el cooperativismo.


Como les comento, mi falta de experiencia con temas legislativos para poder generar una mesa de trabajo con esta iniciativa y tener el apoyo de ustedes para poder gestarla, les agradezco la ayuda para la ruta y los interesados para reunirnos puedan escribirme y generar esta sinergia.


Saludos cordiales, muchas gracias.
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Michael Javier Vargas VásquezHeredia10/08/2020 20:56
Sobre el Expediente N.° 20.299:
Al leer el proyecto, al título "LEY CONTRA EL ACOSO SEXUAL CALLEJERO" solo le falta el texto "EN CONTRA DE LAS MUJERES" La redacción está volcada a favor de la figura de la mujer y no le quito mérito a la mujer como ser humano, sino que un texto normativo debe ser totalmente equitativo en términos de género. Esta es una ley que aplicará para la sociedad en general, no para un género en particular.
Siendo Costa Rica un Estado de Derecho, no existe equidad de género en el desarrollo del proyecto, el cual está ya de por sí predispuesto.
Si bien es cierto que el país requiere con urgencia una norma que regule el tema, tan necesario para mantener la seguridad de toda la ciudadanía, los conceptos de violencia y acoso existen en ambos sentidos (del hombre hacia la mujer y viceversa), pero en la forma en que está redactado el texto, existe una connotación feminista, que habla inclusive de la opresión de una estructura patriarcal, con total predisposición hacia la mujer.
Si la iniciativa busca una sociedad mas justa y respetuosa del derecho, a transitar en ciudades seguras, libres de violencia
Las conductas no son propias de un género, sino del ser humano. Me preocupa, por ejemplo, que se pueda presentar un favoritismo en la resolución de conflictos y no estoy de acuerdo en que la institución rectora sea el INAMU (artículo 21), debe ser el Poder Judicial, que es la que imparte justicia en el país. PANI vela por la niñez y adolescencia, MEP por la educación, CONAPAM vela por el bienestar de la población adulta mayor, INAMU aboga por las mujeres, cada institución tiene su competencia.

En el segundo párrafo de la página 7 se indica que:
Para el marco de interpretación de esta ley se considerará la definición de violencia de la Convención de Belém do Pará, entendida como: “cualquier acción o conducta, basada en su género, que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como en el privado” [...]
Esta definición no tiene relación con “LEY CONTRA EL ACOSO SEXUAL CALLEJERO” en términos de igualdad.

Llama la atención, por ejemplo:
“Dado que es una forma de violencia cotidiana en nuestra sociedad, esta propuesta espera motivar la generación de espacios públicos más favorables para las mujeres y niñas, promover interacciones respetuosas y no discriminatorias entre los géneros...” Pero contradictoriamente esta ley ya está siendo, de entrada, discriminatoria hacia la figura del hombre.

En estos términos, como costarricense me pregunto ¿cómo este texto legislativo va a ayudar a “contribuir a una sociedad costarricense más igualitaria y equitativa”?
El proyecto es necesario para la sociedad, pero se debe revisar a detalle la redacción del texto legislativo. Es mi opinión como ciudadano. Gracias.

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Luis A. Ramírez ZúñigaSan José10/08/2020 16:11
Propongo no aceptar la propuesta de la Supen, ya que sería darnos el ROP en pagos de polaco. Tengan presente que con solo dos meses de salario de la Superintendente me darían al ROP total a mí, es decir no es justo que nos den el ROP en pagos de polaco para mantener tanta burocracia de las operadoras de pensiones. Es mi dinero y to lo puedo administrar. Propongo que al menos nos den el 50% y el restante en cinco años a lo sumo.
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Mel Wilhelm FonsecaSan José10/08/2020 12:06
La selección de los ministros deben de contar con cierta formación dentro de cada ministerios, y si viene de afueras deben de ocntar con cierta educación sobresaliente. Cada ministerio debe de contar con formación durante su periodo, general y específico.
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Ariela Garcia JimenezHeredia06/08/2020 13:44
Durante varias semanas me he dedicado a investigar cuales son las posibles maneras de poder denunciar los alborotos vecinales, con mas razon cuando estos se extienden a la via publica (aceras,calles)
La unica manera de denunciarlo es en un juzgado a traves de una contravension que en lo que puede resultar es unos cuantos dias multa segun lo establezca el juez.
Debido a la falta de mecanismos a los que se pueden recurrir para este tipo de problemas ya que usualmente las personas que causan estos alborotos no sienten respeto por una ley que se sabe que no representa un mayor inpacto .

Mi propuesta es que se impongan multas mas altas a las personas que causan estos albotoros o que los ofendidos puedan optar por una indemnizacion de parte de los ofensores ya que este tipo de situaciones incluso llegan a causar probelmas de salud como es el estres, insomnio, alteracion de nervios, ataques de ansiedad entre otros.
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Jose vargas rsmirezSan José06/08/2020 12:31
Que en el oyecti del ROP al menos den el primer tracto este año para poder hacer parte de los proyectos que se tenían planeados hace varios años y que se fueron a la basura al entregar en cuotas entonces POR FAVOR AL MENOS QUE SI LO DAN EN 3 TRACTOS PARÁ LOS QUE NOS PENSIÓN O QUE INICIEN EL PRIMERO ESTE AÑO Y NO UN AÑO DESPUÉS DE PASAR LA LEY
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Jorge Quesada Muñoz Cartago06/08/2020 9:01
Saludos, espero se encuentren bien.
En Costa Rica nos destacamos por ser un país de paz, de buenas costumbres ante el resto del mundo; hay una pequeña parte de la población a la cual por sus acciones les dictan una sentencia por violación; una violación en muchos casos implica acoso,agresión física, abuso sexual, traumas a futuro etc.
Mi propuesta es la siguiente, por que no dictar una sentencia a muerte a todas esas personas cuyos actos son tan atroces; sus victimas sufren daños de por vida, y ellos simplemente sufren una condena de varios años en la carcel.    

Les agradezco y toda CR se los va a agradecer, que tomen en cuenta dicha propuesta.
Bendiciones
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Ronald Gutiérrez Gaitán San José05/08/2020 12:09
Buenos días
Me gustaría saber como puede participar en un concurso para un puesto en área tecnológica o cualquier área que esté disponible, soy técnico en mantenimiento y de redes; y estudiante de ingeniería en sistemas
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Luis Fernando Sanchez ElizondoGuanacaste05/08/2020 11:49
Por esto estoy molesto los jueces solo apoyan a los mas corruptos de este país ya pague el embargo y esta juez la acuse ante inspección judicial y como era de esperarse tiene libertad de discreción y esta cubierta por la ley pero ella solo apoya a Lafise que tiene mas de 10 años de declarar cero ganancias y evasión de impuestos y el bufete Solem otro corrupto que conociendo de la prescripción solo busca dinero   
Buenas tardes don Luis Fernando.

Queremos ofrecerle un descuento para cancelar. La el Juzgado aprobó intereses, los cuales deben ser cancelados por medio de un segundo embargo salarial (ampliación de embargo salarial), documento que le adjunto.

La Resolución salió por un monto de ¢1.896.104.19, ADJUNTO DOCUMENTO PARA QUE LO VERIFIQUE.
Le ofrecemos cancelar todo con ¢500.000.

Quedo atento a sus comentarios.



EXPEDIENTE: 16-000783-1157-CJ - 0
PROCESO: MONITORIO DINERARIO
ACTOR/A: BANCO LAFISE SOCIEDAD ANÓNIMA
DEMANDADO/A: LUIS FERNANDO SÁNCHEZ ELIZONDO
JUZGADO DE COBRO DEL I CIRCUITO JUDICIAL DE ALAJUELA.- A las nueve horas y treinta y
dos minutos del doce de marzo de dos mil diecinueve.-
Se resuelve liquidación de intereses y costas formulada por BANCO LAFISE SOCIEDAD
ANÓNIMA mediante escrito presentado en fecha 01 de noviembre del año 2018;
CONSIDERANDO:
I)- INTERESES: Sobre el capital de UN MILLÓN CIENTO DOS MIL TRESCIENTOS ONCE COLONES
CON VEINTIOCHO CÉNTIMOS, por el período comprendido del 19 de agosto del año 2015 al 02 de
mayo del año 2018 (fecha en la que se cancela el capital), a una tasa porcentual fija del cincuenta y
tres con cincuenta y dos por ciento anual, se aprueban los intereses en la suma de UN MILLÓN
QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS VEINTICUATRO COLONES CON SESENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS.
II)- HONORARIOS DE ABOGADO: Respecto de los intereses aprobados en la presente resolución,
los intereses aprobados en resolución del 08:01 11/03/2016 y en la presente resolución, conforme
al Decreto Ejecutivo número Número 39078-JP publicado en la Gaceta N°157 de 13 de agosto
del 2015, se aprueban los honorarios de abogado en la suma limitada por la parte actora de
DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL CIENTO SETENTA Y NUEVE COLONES CON CINCO
CÉNTIMOS.
POR TANTO:
De conformidad con lo expuesto anteriormente se aprueba la liquidación de intereses en la suma de
UN MILLÓN QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS VEINTICUATRO COLONES CON
SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS. Por honorarios de abogado, la suma de DOSCIENTOS NOVENTA Y
NUEVE MIL CIENTO SETENTA Y NUEVE COLONES CON CINCO CÉNTIMOS.- Elizabeth Rodríguez


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Luis Fernando Sanchez ElizodoGuanacaste04/08/2020 16:18
Hasta cuando debemos esperar para algun Diputado se tome la molestia de revisar los embargos salariales que nos tienen ahogando a una gran mayoría de trabajadores por el abusivo cobro de las financieras corruptas que declaran cero ganancias y evadiendo impuestos por mas de 10 años en complicidad de los corruptos ladrones bufetes de abogados y cubiertos por los corruptos jueces que se cobijan con las leyes que les dan total independencia y criterio
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Pool Martinez AbarcaSan José03/08/2020 10:52
El uso del Extintor en Vehículos Y la su obligación en materia de transito.  El extintor es obligatorio pero 1. Si un carro prende fuego, no creo que vaya a la cajuela a sacar el extintor y jugar de bombero para apagar el fuego. Si hay fuego yo me alejo, me pongo a salvo y llamo al 911. Ellos si saben que hacer.... 2.Todo objeto en un auto va en movimiento. Un extintor puede matar porque por lo general el carro no viene de serie con un lugar seguro para el extintor. En caso de un choque, todo lo que no esté amarrado sale volando "ejemplo, la llanta de repuesto" está viene con seguro para que no se mueva. El carro puede tener muchos cosas de seguridad, al no tener un lugar seguro para el extintor, creo que podrá matar a alguien por la desaceleración y este sale disparado. En resumen, el extintor es un dispositivo del cual la mayoría de carros no vienen preparados de fábrica. 3-En el curso teórico no se menciona el uso correcto ni que hacer cuando exista un incendio dentro del automotor.  Mi propuesta es sacarlo de las obligaridad ya que podría poner en peligro la vida mas si no se sabe usar.
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Vinicio Rodríguez AcuñaSan José03/08/2020 0:12
proyecto de ley para que sean viernes de jeans en la Asamblea Legislativa
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Carlos Porras MoreraSan José02/08/2020 2:12
Siendo puntual me gustaría realizar dos propuestas:
1- Que todo vehículo que circule por las vías nacionales cuente con un seguro obligatorio de cobertura civil de terceros, así en caso de accidente con lesiones o daños sea únicamente el ente asegurador quien asuma la responsabilidad y así no se le recarga a la CCSS. . Me parece que si todos los vehículos tienen esas pólizas el costo se verá reducido. 

2- Otra propuesta es en beneficio del ambiente, creo que si se cobra al consumidor al menos un Colón adicional por cada envase plástico que adquiera en los comercios, el cual es reembolsable en el
mom en que se devuelva vacío, se lograría descontaminar nuestros mares.  De esta manera las personas que acostumbran a tirarlos lo pensarían un poco más y en caso de que lo hagan habrán personas que con tal de cobrar el monto de dediquen a recolectarlos.  Creo que cada empresa que vende el producto envasado sería la llamada a devolver el monto del dinero, así se convierten en recicladoras.
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ariel chaverri jimenezCartago31/07/2020 11:52
Es realzar una rotacon de personal en las empresas publicas y privadas, exceptuando en la medida del caso puestos administrativos y ejecutivos, por el tiempo de un mes trabaja un empleado y luego de ese mes es cambiado por otro nuevo para asi facilitar una distribucion mas rapida del dinero y equitativa
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Luis Guillermo Vargas SolisSan José28/07/2020 18:52
la propuesta es para controlar de una mejor forma el asunto migratorio en Costa Rica, dando nacionalidad costarricense unicamente
a los niños de padres extranjeros que esten al dia con sus documentos legales para la permanencia en el
pais, y negar la nacionalidad costarricense aquellos niños nacidos en Costa Rica, que sus padres no tengan su documentacion legal al dia, 
ni cuenten con la legalidad de permanencia en el pais y estos niños nacidos de personas en estado de ilegalidad mantengan la nacionalidad de sus madres biologicas, esto para obligar a los extranjeros que quieran dar a luz a sus niños en Costa Rica
a tener su respectiva documentacion al dia y controlar mejor nuestras fronteras, asi como el ingreso y salida
de extranjeros.
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Aridalberto Ramirez BustosSan José25/07/2020 14:00
Muy BUENAS tardes diputados y diputadas
por favor externos las siguientes palabras ante sus personas con la fe de que tomen iniciativa creen
una ley de emergencia que faclite la entrega de un porcentaje del ROP en cuotas programadas de
manera mensual parecidas al bono proteger ,tomando en consideracion que son cientos de miles
dde trabajadorres sin empleo despedidos a causas de la pandemia  y sin posibilidades de encontrar
un empleo y de haber sido beneficiado con proteger este ha llegado a sus tres meses de apoyo es
logico que estamos ante una situacion que se tornara critica la cual ya se esta dando se nota con
cuidadanos siendo desalojados ,sin alimentos donde se empieza a notar incremento en asaltos
hurtos,robos en pro de tener como alimentarse y a sus familias ,Entiendo y se que es un fondo creado
ddo como complemento a la pension ,sin embargo estamos ante una situacion excepcional y unica  a
aa nivel mundialy si ustedes no protegen a quienes los elegimos para ser nuestros defensores el el
ppoder legislativo quienes lo haran ,adopten las mismas elecciones que chile ayuden a los costarricense
aa subsistir y por encima de todo a mantenerse en sus casas,caso contrario veran mucha gente engrosando la lista como  
hhabitantes de la calle soportando hambre y en especial arriesgando sus vidas y sera gente trabajadora
yy humilde que sera expuesta por no tener recursos a pesar de tenerlos en las operadoras y que se le niega a ser entregados
aa pesar que les pertenecen,diputados y diputadas urgen que creen es ley de entrega de estos fondos
 propomgo que gestionen una ley que entregue el 20 porciento del acumululado hasta el momento
ccomo cuotas similares al bono proteger a todos aquellos llas que fuimos despedidos a razon dela pandemia
pporque solo este grupo por ser los de mayor riesgo en este momento de vivir en la calle y para lo que el pais no tiene una solucion
vviable:ejemplo el 20 porciento de 4 millones es un millonen cuotas de 125 milno solo ayudan a estas familias y personas sino
qque liberarian al gobierno de la responsabilidd del bono proteger ,ademas de no tener opciones de empleo
pfalta de oportunidades laborales,sin embargo esta es la poblacion de mayor prioridad,luego estan los de contratos suspendidos
qque aunque no tienen ingresos si tienen un empleo que eventualmente recuperaran,luego los de media jornada y estos aunque pocos pero tienen ingresos
cconsideren que habemos muchos que no tenemos de donde sobrevivir ya ,todos hemos sacrificado
cttodos hacemos esfuerzo entonces que exime a esta soperradoras de entregarnos parte de nuestrs recusos
ssi son nusetras porderecho propio y maxine en una situacion apremiante  como esta de lapandemia
aademas se puede estar comprobando si alguno delos beneficiados ya esta obteniebdo ingresos por medio de un empleo al cruzar la informacioncon la base de contribucion de la CCSS
yy asi suspender de forma inmediata en beneficio de entrega,
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Nain Castillo LedezmaPuntarenas21/07/2020 18:34
Buenas tardes señores Diputados. Un cordial saludos ! Soy un colaborador más en este país del sector turístico en la Hoteleria. Definitivamente la oleada de asesinatos en contra de las mujeres estando hospedada en Hoteles a venido a la alza en los últimos años afectando la visita de millones de turistas que nos visitan. Esto pone en peligro el ingreso de millones de colones y el trabajo de miles de familias que nos dedicamos al turismo. Mi propuesta es simple, aprobar una ley que aplique a TODAS LAS EMPRESAS DE HOSPEDAJE EN GENERAL donde se establezca que para que una empresa pueda contratar a X persona está primero deba ser sometida a un examen psicológico que venga de un profesional de la salud que bien bien podría ser contratado por el mismo Hotel y ser parte de su planilla. Con eso se contrataría a personas equilibradas emocionalmente y no a cualquier persona. Agradezco tomen en cuenta mi propuesta. Muchas gracias
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María Angélica Galdámez DíazHeredia21/07/2020 14:13
Buenas tardes:

Soy Angélica Galdámez, cédula 1-1137-0031, actualmente vivo en Chile y quiero plantearle una iniciativa para mitigar la crisis económica que viven las familias costarricenses.

Desde hace un mes por iniciativa de las agrupaciones de izquierda y centro izquierda, plantearon el retiro del 10% de los fondos de pensiones administrados por las Asociaciones de Fondos de Pensiones (AFP), similares a las Operadoras de Pensiones en Costa Rica.

Aprovechando que el tema del ROP está siendo estudiado para su modificación, podría analizarse un posible retiro de recursos del Régimen Obligatorio de Pensiones, una única vez por motivo excepcional de la pandemia.

En el caso de Chile, es un 10% del fondo de pensiones (similar al ROP), con un mínimo de 1 millón de pesos y un máximo de 4 millones de pesos, retiro universal (incluyendo los que viven en el extranjero) sin pago de impuestos, incluyendo a los jubilados, en independencia con otras ayudas estatales y con reposición de esos fondos por parte del Estado en el mediano plazo.

Además, si un afiliado tiene menos de 1 millón, se le da la posibilidad de extraer todos sus ahorros.

Un dato adicional: en Chile las AFP's administran el 100% de las pensiones de los afiliados (no existe un componente solidario como la CCSS), además invierten en fondos con diferentes niveles de riesgo (en CR está normado como pueden invertir y el nivel de riesgo, en Chile no).

$ 1.000.000 Pesos chilenos = 753.774 Colones

$ 4.000.000 Pesos chilenos = 3.015.095


https://chile.as.com/chile/2020/07/16/actualidad/1594919386_072909.html
https://www.t13.cl/noticia/politica/comision-del-senado-aprueba-retiro-del-10-pensiones-viene-ahora-2

https://youtu.be/AVJuiuIkn94

https://youtu.be/Yblynp-louE

https://youtu.be/HKCxEdH8kSA

Felices y forrados es una agrupación de expertos que le recomiendan a la gente como dinamizar su pensión, utilizando el sistema (que es más liberal que el nuestro).

Mi opinión, es que una propuesta de este calibre, podría ayudar a las familias costarricenses a sobrellevar la crisis económica producto de la pandemia, y los que no tengan ROP podrían ser los beneficiarios meta del bono proteger.

Saludos cordiales,



Angélica Galdámez

Viña del Mar, Chile
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Jorge Castillo Calderón San José20/07/2020 20:56
Limitaciones de los gastos de representación o viáticos de los miembros de la asamblea legislativa, fijados no como un importe fijo mensual, sino bajo justificación, así como teléfono y cualquier otro gasto establecido como fijo, además de criterios de manejo estricto de la asistencia a las sesiones por medio de sanciones por ausentisml
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Jorge Castillo Calderón San José20/07/2020 20:52
Establecimiento de mecanismo de justicia en el cual, bajo criterios legales y fundados, la inmunidad pueda ser levantada a cualquier funcionario sin necesidad de que este deba renunciar a la misma
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Jorge Castillo Calderón San José20/07/2020 20:49
Modificación a los requisitos para ser diputado de la República
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Joany Vargas GarroSan José19/07/2020 15:28
Que a los trabajadores desempleados y suspendidos laboralmente  se les asigne una mensualidad de su pensión ROP mientras este sin trabajo

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Daniel Moraga LeonSan José16/07/2020 8:23
hola, mi propuesta es hacer una ley o modificar la existente en el tema de herencias,
en propiedades de personas de bajos recursos, casas de bien social, adulto mayor, pensionados, etc.
a los cuales es muy dificil o imposible pagar los honorarios de un notario y esto facilmente puede llevar
a que las personas pobres pierdan las propiedades donde viven, perpetuando la pobresa familiar.

mi propuesta es ayudar a las personas de escasos recuersos o de casas de bien social para poder procesar una herencia sin pagar o pagar un monto mas acorde a la realidad de estas personas.

ejemplo mi familia, yo no puedo pagar el notario para que mi mama herede la propiedad que mi abuela por testamento, mi mama es pencionada como 150 mil al mes, madre soltera con dos hijos, los cuales no hemos logrado recoger esa cantidad de dinero, esto es complicado porque hasta para la modificacion de servicios publicos se necesita la firma del dueño de la propiedad que en este punto esta fallecida.

gracias
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Juan Jose Murillo BolañosAlajuela15/07/2020 14:02
Mi propuesta es la siguiente: es reformar la ley en lo que tiene qué ver con la Policía dándoles la facultad de defenderse antes de que los agredan como en Estados Unidos de Norteamérica, no es posible que nuestros policías lleguen a parar las fiestas que se Armán dónde sea para detener los contagios ayudándonos y los mismos salgan agredidos apedreado heridos con arma blanca y baleados basta ya señores diputados reformen ésta ley  no puede seguir pasando esto con nuestros policías
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Juan J Tapia GuzmanSan José15/07/2020 10:51
Propongo se reduzca o suspenda la jornada laboral a los Empleados Públicos sin necesidad de aprobación en la asamblea,ya esta en el Codigo de trabajo y la constitucion.
Así como a los del sector privado se les aplico a unos ,porque no a todos.
Que el proyecto de empleo publico sea claro en este punto.
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SERGIO ARIAS MENESESSan José13/07/2020 19:43
Con referencia al proyecto de ley 22081, pareciera que no cumpliría con el objetivo deseado de la reducción del gasto público por los siguientes motivos, una persona que gane ¢1.500.000 al mes con la reducción se supone de 15 por ciento de la jornada que se traduce a 5 días  por lo que su salario disminuye en ¢250.000. Debemos recordar que a los empleados públicos se les deduce el Impuesto sobre la Renta de forma automática y de igual manera lo correspondiente a la CCSS 9.84 por ciento esto significa que si hoy la deducción por el salario completo  indicado de renta es por la suma mensual de ¢79.350 y de la CCSS ¢147.600, corresponde en disminución de jornada un salario de ¢1.250.000 renta disminuye en ¢37.500 y CCSS en ¢24.600, con  todo esto se busca por lo tanto disminuir la contribución estatal a la CCSS y el ingreso por renta viene a la baja. En fin el salario bruto y con el las deducciones, no conocemos exactamente cual es el efecto en las finanzas pero pareciera que tiene más que ver con las obligaciones del Estado con la CCSS porque a menor salario menor contribución solidaria . EN DIVERSAS OCASIONES EL ESTADO PARA RESOLVER PROBLEMAS DE ESTA NATURALEZA CREO CONTRIBUCIONES ESPECIALES QUE RESULTAN MAS EFECTIVAS AL EJECUTARLAS DIRECTAMENTE EN EL SALARIO GRAVADO. EL PROYECTO 22081  pareciera 81 Y ADEMASDEBIDO A QUE EL COSTO DE ADMINSITRACIÒN DE LA DISMINUCIÒN  L     
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Guillermo Vindas VasquezSan José13/07/2020 18:37
Pandemía Controlada. Sería mejor infectar a grupos controlados y pagar hoteles y médicos mientras les pasa el efecto del virus. Hay muchos que no les esta importando infectarse. Ok. Se les llama y se les infecta a todos esos que quieren salir a la calle, pero de manera controlada. Se analiza su expediente medico y si no tiene síntomas de riesgo se agrupa en hoteles, gimnasios o cualquier otro lugar y  se da una Pandemía controlada en personas que quizás la pueden soportar. Se les brinda vigilancia. Puede ser mejor esto que regalar dinero a personas que quizas ni necesitan. Es mejor gastar en hospedajes, comida, etc.  Quizás de esta forma podamos salir adelante de una manera más rápida y no lo que esta pasando, que no se sabe ni donde esta el foco de contaminación.
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Alberto Courrau QuesadaSan José12/07/2020 12:55
Debemos modificar el Código Municipal, en su artículo 20, para evitar que esta figura tenga un salario tan grande que provoque un abuso salarial
DDica modificación solo es de sacar voluntad política de las diferentes fracciones por Costa Rica, por el presupuestos de las Instituciones municipalies
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Francisco Solano BonillaSan José04/04/2017 9:35
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JOSE ADRIAN SANABRIA NUÑEZCartago30/03/2017 15:03
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Marco A.Blen CamposSan José30/03/2017 12:32
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Jerob Soto SalazarSan José24/03/2017 18:44
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Marcos Mauricio Urbina MmebreñoSan José17/03/2017 0:07
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Alberto Thomas BrownHeredia13/03/2017 14:40
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Alberto Thomas BrownHeredia12/03/2017 14:55
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-San José11/03/2017 21:59
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Randall Sequeira HernándezSan José06/03/2017 15:24
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Teófilo Buckridge Stewart San José02/03/2017 21:07
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Luis Fernando Escalante SotoHeredia22/02/2017 9:16
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Maruja CastilloSan José16/02/2017 7:14
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Milena María Otárola ZúñigaSan José13/02/2017 16:00
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Luis Guillermo Hernàndez VillalobosHeredia09/02/2017 21:14
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Marilyn Mesen DelgadoSan José18/01/2017 14:11
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Michael Sanchez ArayaSan José10/01/2017 7:36
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Michael Vinicio Sanchez Araya San José26/12/2016 18:56
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Jose Alexander Agüero MoyaLimón18/12/2016 9:10
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Gerson Montoya Barboza.San José14/12/2016 12:59
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Andrey Alberto bolaños AguilarSan José13/12/2016 11:43
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Eduardo Antonio Chongkan LíosSan José06/12/2016 11:07
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Eduardo Antonio Chongkan LíosSan José03/12/2016 15:15
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Marco A.Blen CamposSan José22/11/2016 9:02
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Roberto ViquezAlajuela16/11/2016 13:47
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Francisco Gonzalez MezaCartago18/10/2016 19:42
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dayanna cristina gomezHeredia16/10/2016 17:11
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Jorge Arturo Coto JiménezSan José15/10/2016 7:40
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Christan Rolando Rojas RodriguezAlajuela13/10/2016 17:55
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Marcos Antonio Solano CorralesHeredia12/10/2016 21:24
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Milton Barboza CorrarlesPuntarenas03/10/2016 6:30
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CESAR PICADO AZOFEIFASan José27/09/2016 11:19
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MARIA ELENA GOMEZ HERNANDEZAlajuela27/09/2016 7:07
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Giovanni cambronero Ureña San José24/09/2016 16:27
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Kevin Mora VegaSan José22/09/2016 15:31
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Jose Max Chaves ContrerasGuanacaste20/09/2016 22:30
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William Coto MonteroCartago19/09/2016 12:35
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Randall Rodríguez AriasAlajuela16/09/2016 8:23
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Josè Enrique Monge PortuguezCartago15/09/2016 13:51
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Josè Enrique Monge PortuguezCartago15/09/2016 13:40
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Jorge Eduardo Moya VargasAlajuela13/09/2016 21:19
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Juan R Trigueros GarciaPuntarenas09/09/2016 16:57
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Jesús Zeledón RiveraSan José08/09/2016 8:01
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Marvin Urbina JimenezPuntarenas07/09/2016 8:20
EditarNo
Jose Gerardo Ledezma VegaHeredia05/09/2016 17:28
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Guillermo Marcos Araya PaniaguaAlajuela01/09/2016 8:30
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jesús Zeledón RiveraSan José30/08/2016 8:02
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